Además, las operaciones de acceso a la financiación podrán contar con hasta dos años de carencia, contarán con un plazo de amortización de hasta 15 años para inversiones y de 10 años para circulante y estarán garantizadas al cien por cien por Iberaval a lo que se suma que se rebaja la comisión estándar de aval de intermediación.

Por último y según ha explicado la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, en el caso de las inversiones el prestatario dispondrá de recursos propios de al menos un 10 por ciento del coste presupuestado para obtener financiación, que podrá ascender a los 600.000 euros.

Estas son las principales condiciones del convenio de colaboración suscrito este martes entre la consejera, las cuatro cajas rurales con presencia en la Comunidad -Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria, Caja Rural de Zamora y Caja Viva- e Iberaval para favorecer préstamos "muy ventajosos" a los agricultores, ganaderos y pequeñas y medianas empresas del sector primario con el objetivo de que ningún proyecto viable se quede en el camino por falta de financiación.

El objetivo, ha apuntado el presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, es "superar con mucho" los 64 millones de euros formalizados el pasado año en el medio rural de Castilla y León a través de 597 operaciones de carácter financiero, lo que supuso el 45 por ciento de toda la actividad de la sociedad de garantía recíproca, con un importe medio de expedientes de 107.000 euros a devolver en seis años y medio, una cantidad "perfectamente asumible", a su juicio, con la que se puede mantener una explotación agroganadera en la Comunidad.

Tanto el presidente de Iberaval como el presidente de la Unión de Cajas Rurales, Cipriano García, han coincidido al trasladar su "absoluto compromiso" con el medio rural de Castilla y León desde el convencimiento de que no hay mejor ordenación del territorio ni mejor política para fijar población en los pueblos que la actividad económica que es la que mantiene a las personas en los municipios.

Del mismo modo, han asegurado que incluso en los peores años de la crisis han aumentado su vinculación "de forma significativa" con el medio rural de Castilla y León por lo que se han reafirmado en la necesidad de favorecer el acceso al crédito de forma regular y competitiva para que los agricultores, ganaderos y pymes del sector primario puedan competir en términos de plazo, precio y cantidad en un mundo cada vez más global y competitivo.

Milagros Marcos ha explicado que con este convenio se abre una línea de financiación a la que podrán acceder los jóvenes que van a iniciarse en la actividad agraria y los titulares de explotaciones que plantean planes de mejora en las mismas, entre ellos, los 1.198 jóvenes que han solicitado ayudas a la incorporación y los 1.655 titulares de explotaciones que han pedido ayudas para modernización en la última convocatoria en proceso de resolución.

También podrán acogerse todos los jóvenes y titulares de explotaciones que, tras haber sido beneficiarios de una ayuda en convocatorias anteriores, estén llevando a cabo sus inversiones.

Por otro lado, la Consejería convocará ayudas directas para el sector primario (primera instalación y modernización), que cuentan con una dotación global de 263,4 millones de euros hasta 2020, y también se pondrá en marcha una línea de ayudas reembolsables a través del Instrumento Financiero del Feader por 62 millones de euros que, mediante acuerdos con entidades financieras, permitirá conceder préstamos y garantías por unos 100 millones de euros.

A esta financiación, dirigida de forma exclusiva al sector primario, se suma el apoyo de la Consejería al sector de la industria agroalimentaria. Para llevar a cabo inversiones productivas, se va a poner a disposición de este sector una cantidad próxima a los 400 millones de euros, entre ayudas directas y ayudas rembolsables.

Para acceder a todas estas líneas, los solicitantes, además de estar al corriente de pagos frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, deberán destinar las inversiones o gastos de financiación a centros de trabajo del medio rural de la Comunidad y la actividad económica tendrá que estar incluida en la sección "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).