Los discapacitados tendrán un apartado específico en el nuevo protocolo sobre abusos sexuales a menores en el que trabajan la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat junto a la de Enseñanza, han informado fuentes del departamento de Dolors Bassa.

Estas consideraciones se han añadido tras valorarse las propuestas de la Federación Catalana de Discapacidad Intelectual (Dincat), que pidió que se tenga en cuenta la "especial vulnerabilidad" de este colectivo durante la revisión.

El protocolo ya ha pasado por el Comité interdepartamental que se creó en abril para el seguimiento y la coordinación de los protocolos sobre abusos sexuales a menores o cualquier otra forma de maltrato, y que reunirá cada tres meses las consellerias de Trabajo y Asuntos Sociales, Enseñanza, Salud, Interior, Justicia y Presidencia.

La consellera de Trabajo y Asuntos Sociales explicó en sede parlamentaria que el nuevo texto incluirá la posibilidad de que los abusos y maltratos se den por parte de personal de un centro educativo, que no estaba recogida en el protocolo elaborado junto a Enseñanza en 2012 y que solo contemplaba los abusos perpetrados por parte de la familia y entre los niños.

El nuevo protocolo, que vio terminada su parte técnica a finales de abril, suprimirá el actual Protocolo de detección, notificación, derivación y coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo de 2012, así como el añadido que se hizo en 2014.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, comparecerá en el Parlament el próximo lunes 30 de mayo para debatir sobre este protocolo de actuación en caso de abusos sexuales a menores, han informado fuentes de la institución.

Se trata de una sesión informativa sobre la resolución que abrió el defensor catalán en febrero tras hacerse público el 'caso Maristas', en el que censuró una cadena de errores en el caso del pederasta confeso Joaquim Benítez.

A principios de mayo, Ribó pidió debatir con los grupos parlamentarios este protocolo, tras criticar una cadena de fallos en el 'caso Maristas'.

En su actuación de oficio sobre este tema, el síndic convocó a las administraciones que en 2006 firmaron el Protocolo marco de actuaciones en casos de abusos sexuales y otros maltratos graves a menores para analizar su funcionamiento.