El doctor Luis Montes, conocido por haber sido absuelto de las supuestas sedaciones ilegales a enfermos terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, vuelve a escena. Tres de sus colaboradores en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) han asumido condenas menores tras ser acusados de practicar la eutanasia a dos personas en Avilés y Cádiz (artículo 143 del Código Penal) y de un delito contra la salud pública. Al aceptar la calificación menor de los delitos, ninguno pisará la cárcel.

El acuerdo con la Fiscalía se cerró este miércoles, durante la primera sesión celebrada en el juzgado de Instrucción 4 de Avilés. Los señalados eran los médicos F.M. y F.A., así como la voluntaria identificada como M.C., que realizaba tareas administrativas para el colectivo.

Juntos, y según el relato de la fiscal Elsa Mesones, adquirían y distribuían fármacos anestésicos "de forma ilícita o clandestina". "El uso y entrega de estos medicamentos (...) a las personas podía poner en peligro su salud, pudiendo llegar a ocasionar su muerte", concluía el Ministerio Público en el escrito de solicitud de apertura de juicio oral al que tuvo acceso 20minutos.

Este fue el procedimiento que, según Mesones, llevó a la muerte de M.L.D. en 2012 y el que habría acabado con la vida de A.A., hermano del acusado F.A., el mismo año si la policía no hubiese interceptado las sustancias a raíz de una escucha telefónica.

El doctor Luis Montes denunció este miércoles el "interés político" subyacente en este proceso, que, a su juicio, trata de enturbiar el debate sobre el derecho a disponer de la propia vida justo cuando esta reivindicación tiene más apoyo social (el 80% de los españoles lo respaldan, según la última encuesta, realizada en 2010).

La asociación se negó a ayudar a la primera fallecida porque no cumplía los requisitosEl galeno explicó, a la puerta de los juzgados de Avilés, que la asociación solo tuvo contacto con la primera fallecida a través de correo electrónico. Fue en 2011. Los voluntarios de la federación de Madrid descartaron prestarle información y acompañamiento (el único servicio que el colectivo puede dispensar) porque no cumplía dos de los requisitos fijados en sus estatutos: deterioro irreversible de la salud y sufrimiento intolerable. M.L.D. padecía trastorno de personalidad, depresión y dolencias físicas fruto de los, al menos, cinco intentos de suicidio que acometió ante una situación personal desfavorable. "Hablas de Ramón Sampedro [el tetraplégico cuya vida quedó reflejada en el filme 'Mar adentro'], pero tu situación es muy distinta", rezaba una de las contestaciones por escrito que le envió el colectivo.

M.L.D. consiguió su propósito tras ingerir pentobarbital sódico (un anestésico) meses después. Lo hizo en Avilés, en compañía de un voluntario de la federación de Cataluña con el que había trabado amistad y que le proporcionó el fármaco a cambio de 6.000 euros. Este declaró haber actuado por su cuenta, pero su testimonio no ha podido oírse de nuevo, ya que falleció en 2012.

La defensa de los acusados argumenta que tampoco se les puede acusar de colaboración al suicidio en grado de tentativa en el caso de A.A..

En este caso, fue F.A., médico y socio de Derecho a Morir Dignamente, quien solicitó a F.M. los medicamentos necesarios para dar "sedación paliativa profunda" (un procedimiento legal, no letal y protocolizado en la sanidad pública) a su propio hermano, aquejado de VIH, hepatitis C crónica, metástasis en órganos vitales y diagnosticado como enfermo terminal.

"Los fármacos nunca llegaron porque los incautó la policía. Aún así, A.A. murió unas 24 horas horas después de forma natural (...) Cabe preguntarse por la responsabilidad de quien secuestró una medicación que hubiera aliviado el proceso de morir de un enfermo en su proceso de agonía", alega en su defensa la Asociación.

La acusación solicitó la imposición de 1,5 años de condena a F.A. por colaboración frustrada en el suicidio de su hermano. F.M. y M. sumaban a esta 3 años por el fallecimiento de M.L.D. y 2 más por un delito contra la salud pública (6,5 en total) debido a la tenencia de anestésicos, la adquisición del pentobarbital sódico en México a través de Internet y el envío de la sustancia a terceros. Este último es el único delito que la asociación reconoce, aunque lo califica de "error" cometido en circunstancias "excepcionales".

El acuerdo con la Fiscalía, que evita la celebración del juicio y la entrada en prisión de los acusados, rebaja el delito de cooperación en calidad de autor necesario a uno de complicidad y reduce el resto de las penas. De esta forma, F.A. asume 6 meses por complicidad con el suicidio en grado de tentativa. F.M. y M.C. cargarán con una condena de 1 año y 6 meses de cárcel, seis de inhabilitación y una multa de 1.000 euros cada uno.

El juzgado ha decretado la suspensión de la ejecución de la pena durante 2 años, período en el que los acusados no podrán reincidir.