"Lo que he aprendido en política es que todo puede ocurrir con voluntad, y si estaba previsto reiniciar la actividad en Garoña, ¿por qué no en Elcogas?", se ha preguntado en una entrevista con Europa Press.

De otra parte, Fernández también guarda esperanzas respecto a la construcción de la autovía A-43 que uniría Mérida con Levante. En este sentido ha agradecido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se pronunciara públicamente por la opción Sur "porque había cierta ansiedad en la ciudad, que quería escuchar ese compromiso".

No obstante, ha recordado que el proyecto no depende únicamente del presidente regional: "el presidente se ha comprometido a defender esa opción, pero quien tiene que tomar la decisión es el Gobierno que ahora está en funciones".

Sí tendrá plenas competencias el Gobierno regional en la construcción de otro de los grandes proyectos prometidos a Puertollano, el nuevo hospital, Fernández ha mostrado su satisfacción por la elaboración del plan funcional a cargo de grupos de trabajo compuestos por más de un centenar de personas.

Si bien ha lamentado que hasta la llegada de Page "no había nada hecho, ni un solo papel sobre qué hospital queremos", ha aseverado que, ahora, el proyecto "tiene que pasar por el filtro de la ciudadanía, los grupos municipales, los usuarios y las asociaciones para ajustar los criterios profesionales a los criterios de los pacientes".

"NO ME SIENTO REHÉN DE LA DEUDA"

Respecto a la deuda viva del Ayuntamiento de Puertollano, fijada por el Ministerio de Hacienda en 74,3 millones de euros al cierre de 2015, la regidora ha asegurado que "no se siente rehén, aunque sí responsable".

"Si acepté la a Alcaldía tuvo mucho que ver con mi compromiso y las ganas de resolver y dar una visión distinta de la gestión municipal; en mi tiempo me tocó ser valiente y asumir esa responsabilidad, y lo he hecho con orgullo porque ha sido un honor ser la alcaldesa de mi pueblo", ha afirmado.

Según la alcaldesa "la deuda se puede explicar". Una de sus razones, asegura, "fue la falta de pago de los convenios con la Junta de Comunidades, que el Consistorio tuvo que asumir con sus propios recursos". Además, prosigue, "el decreto de restricción de las renovables impidió que se desarrollara una planta termosolar por la que el Ayuntamiento iba a ingresar 22 millones de euros".

"Prácticamente todas las infraestructuras que se hicieron en legislaturas inmediatamente anteriores a la mía fueron financiadas externamente por fondos Miner o el Plan E, pero la deuda empezó a ser preocupante cuando perdimos la financiación de los convenios, hasta el punto de que la Junta de Comunidades llegó a acumular una deuda de 11 millones de euros con Puertollano", ha asegurado.

Sobre este aspecto ha insistido: "la deuda no fue generada por las obras, prácticamente todas las obras ejecutadas desde el 2008 se hicieron con financiación externa; fue un problema presupuestario, ya que hubo una bajada de ingresos mientras teníamos que afrontar las mismas obligaciones, tal y como pasó en todas las administraciones, incluida la Junta".

JUICIO ORAL

Preguntada por la judicialización de la vida municipal ante la próxima apertura de juicio oral por el caso Plaza de Toros o la demanda interpuesta por un colectivo de interinos despedidos contra el proceso de consolidación funcionarial,

Fernández ha respondido que le preocupa que se haga "mal uso" del sistema judicial "de manera partidista".

"El Ayuntamiento tiene pleitos, como todas las administraciones, y los administrados tienen sus derechos, pero lo que me gustaría es que se me juzgue por mi gestión y por la del actual equipo de gobierno; más que me afecte a mi me preocupa que esta judicialización afecte a la ciudad, porque todo se magnifica", ha expresado.

La alcaldesa entiende que unos trabajadores que perdieron su empleo "remuevan Roma con Santiago" para defender sus derechos, pero también considera que "es legítimo que el Ayuntamiento defienda que hizo las cosas bien".

Por otra parte, y en referencia al caso Plaza de Toros, en el que está imputado el exalcalde Joaquín Hermoso, quiere que la justicia "actúe pronto", aunque no lo vincula a su gestión "en ningún caso". Sí le preocupa que "perjudique a la imagen del Ayuntamiento y genere falta de confianza, cuando

la ciudadanía debe saber que la vida municipal funciona correctamente, como un reloj; me preocupa que se utilicen estas cuestiones de una manera partidista sin pensar en el interés general".

LA FEMP

Fernández, quien también es presidenta regional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), considera que esta institución es "un mar en calma", ya que "tiene como primer objetivo el consenso, y tanto en la ejecutiva como en la asamblea se nota mucho que todos los municipios tienen los mismos problemas si se aparcan los intereses de partido".

A su juicio, en el seno de la FEMP es donde se constata que la administración local "debiera ser el centro de toda la gestión". "Los municipios cada vez tienen más competencias impropias porque atienden todos los problemas desde la cercanía", ha señalado.

Tal y como ha explicado, sus objetivos principales al frente de la FEMP regional son la formación, reivindicar la financiación municipal y "combatir" la regla de gasto y los límites presupuestarios. "Es muy duro para un alcalde, por una ley absurda, no poder gastarse en servicios lo que ahorra por haber gestionado bien; los Ayuntamientos han sido los mejores cumplidores, las únicas administraciones que han cumplido el objetivo de déficit", sostiene la presidenta.

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Por otra parte, y preguntada por su postura ante las demandas judiciales y peticiones de algunos colectivos para que la FEMP elimine o modifique los nombres de los municipios que podrían vulnerar la Ley de Memoria Histórica, como el ciudadrealeño de Llanos del Caudillo, ha remarcado que estos temas "deben afrontarse desde el propio municipio".

"Creo que debe regir el sentido común y que sean de manera natural los propios pueblos y sus ciudadanos quienes, por consenso, tomen las decisiones; no funciona bien la intervención directa del Estado en las cosas que están más arraigadas en los pueblos", ha concluido.