A partir de la documentación intervenida en los distintos registros llevados a cabo por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), la instructora ha ordenado la práctica de varias diligencias encaminadas a averiguar el patrimonio de Rafael Blasco Císcar, con nombre artístico 'Rablaci' por si se hubiera beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por su madre, explica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

Además, precisa que el hijo de la exdirectora del IVAM "no tiene aún la condición de investigado (imputado según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)".

A este respecto, la magistrada de instrucción 21 ha pedido información a dos empresas contratistas habituales del IVAM ante las sospechas de que el museo hubiera costeado trabajos que realizaron para el hijo de la exdirectora, ajeno al Institut Valencià d'Art Modern.

Además, la jueza ha oficiado a la Agencia Tributaria para que informe sobre los bienes inmuebles, las cuentas bancarias, los vehículos y las declaraciones de la renta de Rafael Blasco Císcar.

"POSIBLE COOPERADOR NECESARIO"

El resultado de estas diligencias determinará si el hijo de la exdirectora -y del exconseller del PP Rafael Blasco, actualmente en prisión por el caso del fraude en las ayudas de cooperación- adquiere la condición investigado como "posible cooperador necesario" respecto a los delitos imputados a su madre o como posible autor de un delito de blanqueo de capitales.

En la causa están investigados, además de Ciscar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas por delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones.

Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.