En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, ha atendido de este modo la petición realizada por la Fiscalía y ha declarado compleja la causa, lo que le permitirá disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.

En un auto fechado el día 17 de septiembre de 2015, el juez atribuyó dos presuntos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones a Antonio Ávila al entender que, como presidente del SAE, sería el autor de la resolución de 11 de diciembre de 2012 "por la que se concedía una subvención extraordinaria a cada una de las 94 Utedlt existentes en Andalucía, para hacer frente a los costes por extinción de los contratos laborales de sus plantillas".

El juez, a petición del Ministerio Público, amplió el contenido del auto de 3 de marzo donde acordó la incoación de diligencias previas y concretó que las actuaciones se dirigen, además de contra Antonio Ávila, contra seis Agentes Locales de Promoción de Empleo (Alpes) y el director de la Utedlt Sierra Norte, Antonio López González; contra cinco Alpes y el director de la Utedlt Tierras de Doñana, Alberto Velasco Díaz; contra el responsable de la Utedlt Alcalá de Guadaíra, Jesús Mora Mora, y contra 12 Alpes y el director de la Utedlt Bajo Guadalquivir, Francisco Carmona Gómez.

FRAUDE DE SUBVENCIONES

El instructor consideraba en este auto que todos ellos habrían incurrido en un presunto delito de fraude de subvenciones, "recibidas para financiar su actividad durante los años 2010, 2011 y 2012".

Asimismo, el juez dirigió las actuaciones contra "las personas que ostentaron el cargo de delegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta durante los años 2010, 2011 y 2012", a cuenta de un presunto delito de fraude de subvenciones, "recibidas para financiar la actividad de las Utedlt Sierra Norte, Tierra de Doñana, Bajo Guadalquivir y Alcalá de Guadaíra durante los años 2010, 2011 y 2012".

De igual modo, el juez dirigió las actuaciones contra Ángel Ortiz Sánchez y Pedro E. Gracia Victoria, directores generales de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo del SAE durante 2010, 2011 y 2012, por presuntos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones "en las concesiones de subvenciones ordinarias para la actividad" de las cuatro Utedlt mencionadas, "así como por las concesiones de subvenciones por incentivos a las mismas".

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA SUPERIOR

Hay que recordar que la Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal sobre las ayudas concedidas por la Junta a las Utedlt en base a un informe de la Cámara de Cuentas -que le fue remitido por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF)- respecto a dichas unidades en el periodo 2010-2012 en el conjunto de la comunidad, tras lo que remitió a las distintas fiscalías provinciales el expediente correspondiente con las diligencias vinculadas a cada territorio.

De este modo, la Cámara de Cuentas fiscalizó las subvenciones concedidas y la forma de disolución de las cuatro Utedlt de la provincia de Sevilla referidas durante los años 2010, 2011 y 2012.