El BNG ha presentado un recurso ante la unidad de transparencia de la Secretaría General de la Comisión Europea en relación con la decisión de la Agencia Ferroviaria Europea de no trasladar el informe que elaboró sobre el accidente del tren Alvia en Angrois al colectivo de víctimas.

La portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, ha subrayado que los argumentos para rechazar la petición "no son de recibo", y que el Bloque considera que la divulgación de ese informe "tiene un enorme interés público que es aprender de la tragedia para evitar nuevos accidentes de este tipo". "Ningún interés puede estar por encima de salvaguardar vidas", ha incidido.

En concreto, la Agencia Ferroviaria Europea comunicó a finales de abril que no podía aportar su estudio del informe que elaboró la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) porque está siendo utilizado "en parte" en el intercambio formal entre la Comisión y las autoridades españolas en el contexto del caso abierto por infracción por falta de transposición de la directiva de seguridad ferroviaria correctamente.

Ahora, Miranda advierte de que el informe "que la Comisión se niega a difundir, incluso rechazando la petición de la asociación de víctimas, puede contribuir al esclarecimiento de la verdad y tener repercusión no solo en el ámbito de las responsabilidades políticas sino también en el ámbito judicial".

VIAJE EN NOVIEMBRE

Los nacionalistas organizaron el pasado noviembre una visita a Bruselas de representantes de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, en la que tuvieron la oportunidad de reunirse con responsables comunitarios en materia de seguridad ferroviaria.

Estos se comprometieron a preparar un informe sobre la investigación del siniestro tras conocer de primera mano, de la de los afectados, elementos "que cuestionan la independencia de la CIAF", según incide el BNG en un comunicado.

"OBLIGATORIA INDEPENDENCIA"

Para justificar su negativa a difundir el informe, la Comisión Europea alega, según apunta el Bloque, que tiene abierto un procedimiento de infracción comunitario contra el estado español por considerar que este "incurre en ilegalidad en la trasposición de la directiva de seguridad ferroviaria de 2004".

Dicha directiva, prosigue la formación, "establece la obligatoria independencia de las comisiones que investigan accidentes ferroviarios, que cuestionan en el caso de la CIAF, al estar integrada por responsables directos de Adif, Renfe y del Ministerio de Fomento, donde tiene su sede".