Así, ha asegurado que el PP "ha estado viviendo del 'Agua para todos' durante décadas en esta Región y ha tratado y conseguido, en muchos casos, instrumentalizar en beneficio propio la supuesta defensa a ultranza de los intereses de los agricultores de nuestra tierra".

Castejón ha recordado que fue el Gobierno del Partido Popular "el que vendió el proyecto de la desaladora como una infraestructura decisiva que iba a poner solución a los problemas de abastecimiento y riego que sufre la Comunidad, cuando lo cierto es que casi una década después de entrar en funcionamiento, la desaladora sólo produce sobrecostes, presuntas mordidas, corrupción generalizada y un funcionamiento que no alcanza ni el 20 por ciento de su capacidad total prevista".

La dirigente socialista ha afirmado que los agricultores del Campo de Cartagena "necesitan que la desaladora de Escombreras funcione a pleno rendimiento para poder tener caudal de agua suficiente para poder regar y seguir produciendo riqueza a esta tierra, pero el PP, con su actuación irresponsable y bajo sospecha, se ha convertido en el mayor peligro para el mantenimiento de la actividad productiva de los campos".

Castejón ha expresado su máximo respeto a la justicia y ha manifestado que la investigación "debe seguir su curso caiga quien caiga y sin excepciones, para que recaiga todo el peso de la ley sobre aquellas personas y empresas que se han lucrado de una infraestructura que originariamente nació para favorecer el desarrollo agrario de la zona e impulsar así la actividad de Campo de Cartagena".

Ha recordado que ha sido Pilar Barreiro la regidora que "ha presidido el gobierno municipal durante la fecha de las presuntas irregularidades de esta trama".

En este sentido, el PSOE considera que "resulta insultante para la ciudadanía que el PP vuelva a incluir en sus listas al Senado a la exregidora Pilar Barreiro, responsable última de la concesión de dichas licencias, ya que fue en su mandato cuando se concedían las autorizaciones que hoy han sido objeto de investigación en el Ayuntamiento de Cartagena a partir de la investigación de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente de Madrid".