Cristina Cifuentes mantendrá a los diputados de su partido señalados por el cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, hasta que exista imputación formal. En ese momento, asegura, su cese será "fulminante".

"Mi compromiso es que si hay una imputación o investigación formal de cualquier miembro de mi Gobierno va a haber un cese inmediato y fulminante, pero mientras eso no ocurra... El señor Marjaliza está realizando todo tipo de acusaciones desde hace ocho meses. Lo que me importa no es lo que diga Marjaliza sino lo que diga el señor juez, que no se ha pronunciado todavía", advirtió este miércoles la presidenta autonómica, un día después del levantamiento del secreto del sumario del caso.

"Este Gobierno tiene y va a seguir teniendo tolerancia cero contra la corrupción y si hay un solo miembro del Gobierno que resultara imputado o investigado, la respuesta sería contundente e inmediata: dimisión. Y si hubiera algún diputado que resultara imputado o investigado, no tengo ninguna duda de que el resultado sería el mismo: dimisión. Todos los diputados del PP nos hemos comprometido a ello", subrayó.

El constructor Marjaliza señaló a varios miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, que dirige la presidenta autonómica, durante la confesión que realizó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a mediados de 2015.

Según su versión, el número 3 de Cifuentes y consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, era quien "mangoneaba" el dinero del Plan Regional de Inversiones (Prisma), que sería una de las fuentes de lucro de la red corrupta. Taboada aseguró este miércoles que sigue contando con la confianza de Cifuentes: "Ella me ha dicho que me cree y yo le he dicho lo que le dije hace nueve meses, que no le conozco de nada [a Marjaliza]. Es una cosa que se ha inventado él".

El exalcalde de Getafe, Juan Soler, habría recibido unas vacaciones pagadas a cambio de su cooperación. Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares, se habría embolsado 60.000 euros a cambio de adjudicar un contrato a Cofely. Los tratos con esta empresa han empujado al juez a pedir la imputación del exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, también miembro de la bancada popular en la Asamblea, y a solicitar documentación al Ayuntamiento de Alcobendas, dirigido por otro político del PP, Ignacio García de Vinuesa. Este último "nunca pidió nada", según Marjaliza.

La confesión del cerebro de la Púnica ante el juez pone aprueba, una vez más, el pacto de investidura que firmaron el PP y Ciudadanos. El partido naranja garantizó este miércoles que mantendrá el gobierno en minoría de Cristina Cifuentes mientras esta cumpla el pacto de investidura.

"Sabíamos a lo que veníamos. Venimos de 20 años de gobierno del PP donde la corrupción ha acampado a sus anchas. Las sospechas, rumores y declaraciones de personas imputadas no vamos a entrar a valorarlos. El PP sigue supurando corrupción y en Ciudadanos vamos a exigir que sigan regenerándose para poder seguir planteándonos que Cifuentes siga al frente del Gobierno", explicó Ignacio Aguado, portavoz, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Sobre la exdiputada de Ciudadanos en la Asamblea Eva Borox, a la que David Marjaliza asegura que pagó 30.000 euros por abstenerse en algunos plenos municipales en su etapa como concejal del PSOE en Valdemoro, ha recordado que ésta ya "hizo lo que consideró que tenía que hacer" al dimitir sin estar imputada.