Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público realizó esta petición el 19 de abril a la juez tras comprobar que, al menos entre los años 2007 y 2010, la Junta habría concedido anualmente dos millones de euros en ayudas a la Mancomunidad del Guadalquivir para cursos a trabajadores desempleados.

Sin embargo, y en el marco de la investigación, la Fiscalía ha podido comprobar que la Junta exoneró de manera "sistemática" y año tras año a dicha mancomunidad de justificar el destino dado a ese dinero, añadiendo que las ayudas "no se han justificado pero está claro que no se han destinado a su fin".

"El dinero no se destinó a los cursos para trabajadores desempleados, se difuminó al llegar a la Mancomunidad", han dicho las fuentes consultadas por Europa Press, que han indicado que, al menos, se han "perdido" unos seis millones de euros mediante este mecanismo.

La Fiscalía entiende que Antonio Fernández, como consejero de Empleo, era el "responsable legalmente de excusar las justificaciones en los pagos y dictar las resoluciones de exoneración", unas exoneraciones que "están previstas en la Ley pero con carácter excepcional y no de forma habitual".

Tras la petición realizada por el Ministerio Público, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lebrija se ha inhibido y ha remitido esta causa a los juzgados de Sevilla, donde se investigará la posible comisión de un delito de prevaricación por parte del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía.

En los juzgados de Lebrija hay abiertas hasta once diligencias previas por ayudas a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.