Según reza en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al considerar que "no aparece debidamente justificada" la perpetración de este delito, que ha dado motivo a la formación de la causa.

El auto analiza profundamente todos los supuestos y realiza un estudio detallado de los hechos para concluir que "teniendo en cuenta la inexistencia de los delitos contra el medio ambiente inicialmente imputados, quedan sin contenido los otros dos delitos imputados de falsedad documental y fraude de subvenciones".

De esta forma, el juzgado ha ratificado las afirmaciones de la expresidenta del Puerto de Huelva en las que defendía su conducta como "intachable".

La denuncia fue interpuesta por CCOO en relación al proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, al entender que no fue solicitada la preceptiva evaluación medioambiental prevista dada la posible afectación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 declarados LIC y "todo ello con la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder".

Al respecto, el Ministerio Fiscal en un informe aclaró que de la documentación aportada por la Delegación de Medio Ambiente "se descarta posible afectación grave o perjuicio para especies de flora o fauna protegidas por las obras".

Sobre la posible prevaricación, aseguró que "no existen datos concretos y relevantes, más allá de sospechas, que permitan concluir que las obras de ampliación del Puerto Exterior realizadas por la Autoridad Portuaria, lo han sido adoptando resoluciones injustas a sabiendas, en perjuicio del interés general".

El fiscal destacó a su vez que tanto la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2010 como la Delegación Territorial de dicha Consejería en 2013 señalan "la no afección relevante de espacios de la Red Natura y la no necesidad de evaluación ambiental".

A su vez, aseguró que la ausencia de esta evaluación ambiental "no supondría prevaricación, teniendo en cuenta que se trata de una obra pública de Puertos del Estado, con intervención de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, de la Abogacía del Estado y de la Administración Autonómica".

Manuela de Paz tiene pendiente un segundo procedimiento por los presuntos delitos de prevaricación, contra la integridad moral, contra los trabajadores, un presunto delito de malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones y un presunto delito contra la libertad sindical y derecho de huelga, a raíz de una denuncia interpuesta por el mismo sindicato.