Guillén se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que Podemos advirtiera este lunes de que el pasado 10 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil que Olona había dejado el puesto de presidente del consejo de administración de la empresa Quasar el pasado 28 de abril y todavía figure como miembro del consejo de Inesa, compañías vinculadas al sector agrario y ambiental.

El Gobierno de Aragón respondió que el 2 de julio de 2015 Olona vendió todas participaciones en Inesa y Quasar y cesó en todos sus cargos y responsabilidades en ambas sociedades, y el 21 de junio se elevó escritura pública ante el notario, tanto de la venta de las acciones, como del cese en los diferentes cargos.

Guillén ha comentado que no se ha tratado esta cuestión en el Consejo de Gobierno, pero "el apoyo del Gobierno está fuera de toda duda" porque "no existe ningún tipo de incompatibilidad entre la empresa de sus familiares, de la que él se alejó el mismo día que fue nombrado consejero, y su actividad pública".

El consejero de Presidencia ha remarcado que el Gobierno de la Comunidad, "en un ejercicio de transparencia importante para la tranquilidad de la ciudadanía", ha publicado en su web la documentación que lo demuestra "y que es la prueba de que no existe incompatibilidad".

Además, ha opinado que "el hecho de que uno sea nombrado para el ejercicio de un cargo público no puede ir en detrimento o perjuicio de las actividades privadas que puedan hacer sus amigos o las empresas de sus familias, si lo hacen dentro de los estrictos términos de la legalidad, como ha sido este caso".

CONTRATO POR 2.000 EUROS

Guillén también se ha referido a la adjudicación hace un mes de un contrato por parte del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a una de estas empresas, Quasar, por 2.000 euros, y ha sostenido que Olona, en un "ejercicio de honradez política y de transparencia", ha dicho que "si se hubiese enterado, no se hubiese producido ese contrato".

El consejero de Presidencia ha aclarado que es fruto de una adenda a un contrato anterior que suscribió el anterior Gobierno del PP y que ha sido suscrita por la directora general de Sostenibilidad, Sandra Ortega, fruto de una delegación de competencias que hizo el consejero Olona.

En este punto, Guillén ha aclarado que "muchos consejeros delegan funciones en los secretarios generales técnicos o en los directores generales". En este caso, la delegación fue para "determinados gastos y con unos límites", entre los que entraba este contrato.

No obstante, y aunque la adjudicación del mismo "es perfectamente legal", el propio Olona ha manifestado que "si él se hubiese enterado, no se hubiese hecho porque a él no le parece ético", ha recalcado Guillén.

Ha añadido que, por su parte, no irá "más allá de lo que ha dicho él", para comentar que "algunos partidos políticos piden a este Gobierno un ejercicio de transparencia y ética que no se aplican a sí mismos", cuando "a todos se nos tiene que mirar por el mismo rasero y quienes dan lecciones de ética pública se las tiene que empezar a aplicar a sí mismo".