El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha admitido a trámite la denuncia que Jordi ha interpuesto contra España por discriminación. Este guardia urbano del municipio gironés de Figueres fue arrollado en 2008 por un conductor borracho cuando circulaba en su moto. El siniestro le provocó una incapacidad permanente total para la profesión habitual y, pese a que la resolución del tribunal médico apunta que puede "ejercer otras actividades dentro de la misma empresa", el Ayuntamiento le obligó a jubilarse. En su lucha por lograr que le readmitan y le pasen a una segunda actividad ha llegado hasta Naciones Unidas, siendo la suya la segunda denuncia de este tipo que la organización decide cursar, después de la interpuesta en octubre por Vicente Flores, agente local de Barcelona.

"El marco legal que nos ampara es inmenso", asegura Jordi al otro lado del teléfono, y durante la conversación enumera varias de las normativas que protegen casos como el suyo: desde la ley de 1991 de las Policías Locales de Cataluña hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de 2007 y ratificada por España en 2008, pasando por la regulación y reconocimiento de la segunda actividad por parte de la Seguridad Social desde el año 2000.

Pese a toda esa legislación, con 40 años y tras 17 en el cuerpo, él se quedó sin trabajo. Entre otros problemas chocó con la falta de un reglamento sobre segunda actividad en su localidad. Aquella legislación autonómica sobre Policías Locales de hace 25 años determina que cada Consistorio debe regular el asunto a través de un reglamento y en muchos municipios no ha sido desarrollado. En Figueres, donde gobierna CiU desde 2007, no fue aprobado hasta el año pasado y además se hizo sin carácter retroactivo, por lo que Jordi no puede beneficiarse de él.

"Cuando pasó lo mío pedí que se regulara y que mientras se hacía me dieran una plaza temporal adecuada pero me echaron a la calle", afirma. Su primera medida fue acudir al síndic municipal de greuges, figura equivalente al defensor del pueblo, quien le dio la razón. Pero el Consistorio no cambió de actitud y ahí comenzó un periplo judicial lleno de obstáculos.

"Las sentencias en su caso han sido penosas", manifiesta Ángel Gómez Quintero, presidente de la Asociación Para la Integración Laboral de Mossos de Esquadra con Discapacidad (Ailmed) y quien ha acompañado al agente en todo el proceso. "Se le aplicó una norma derogada. Se le aplicó la ley de funcionarios de la Administración local y se determinó que al pertenecer a las clases pasivas del Estado se le jubilaba. Pero los funcionarios de la Administración local pertenecen al régimen general de la Seguridad Social desde 1993, no tienen nada que ver con las clases pasivas, y no se le podía jubilar porque el régimen general no permite esa figura", explica.

Quintero también critica que la inexistencia de un reglamento haya servido como argumento para fallar contra Jordi: "Tenemos sentencias de mossos, concretamente la mía, en la que tampoco lo había y el tribunal estableció que no se podía supeditar la aplicación de la ley a un reglamento". "La convención de la ONU está por encima de cualquier norma y de cualquier ley", agrega y por ello, tras llegar sin éxito incluso hasta el Tribunal Constitucional, han acudido al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La reclamación se presenta contra España como país firmante.

Preguntado por si han recibido noticias del Ayuntamiento tras la admisión a trámite de la denuncia por parte de Naciones Unidas, el presidente de Ailmed responde que no con rotundidad. "En 2014, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) elaboró un documento que puso de relieve las infracciones en Figueres. Entonces la alcaldesa encargó un informe a los técnicos y el resumen fue que el CERMI se equivocaba y que allí no se vulnera a nadie", continúa. Este diario ha intentado sin éxito recabar la versión del Consistorio.

"A mí me dijeron que ya no servía para lo que me habían contratado y que no tenían ninguna responsabilidad conmigo porque pasaba a cobrar una pensión del 55%, una pensión que se va íntegramente a mi mantenimiento", señala Jordi. Casado, con una niña de 13 años y sin ninguna ayuda a la dependencia, este policía quiere dejar claro que su familia antes se sustentaba con dos sueldos y ahora lo hace solo con el de su mujer porque la pensión la destinan íntegramente a gastos que él genera y que antes no tenían, como la silla de ruedas, los tratamientos o haber tenido que adaptar la vivienda y el coche a su situación actual.

Entre otras secuelas físicas, este policía se ha quedado con una lesión en la columna que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Solo en casa logra moverse ayudado por un bastón y apoyándose en los muebles. Es consciente de que ya no puede ejercer su especialidad como investigador y reconstructor de siniestros viales pero se muestra plenamente capacitado para desempeñar otras tareas, por ejemplo, como miembro de la oficina de atención a las víctimas de estos sucesos.

De hecho, Jordi es actualmente voluntario de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT) y da charlas sobre seguridad vial tanto en centros educativos como para quienes pierden los puntos del carné de conducir. "Toda esta labor la puedo desarrollar dentro de la Guardia Urbana desde una segunda actividad", defiende. Eso y ayudar, acompañar y dar asesoramiento a los afectados: "No es solo el accidente o reclamar, es cogerte el abogado adecuado, los centros de recuperación… Hay muchas cosas en las que puedo orientar a una persona que se queda desorientada. Cuando yo sufrí esto no sabía nada de la incapacidad permanente, ni de las sillas de ruedas y pensaba que me iba a curar. Me vi muy desamparado".

Los casos de Jordi o de Vicente no son los únicos. La Ailmed está pendiente de que la ONU admita a trámite una tercera denuncia, referente a un mosso, y pretende plantear dos más. Este colectivo considera que la situación es tan preocupante que ha presentado una propuesta de ley ante el Parlamento catalán para que la segunda actividad quede regulada para bomberos, mossos y policías locales. "Que la excusa de la discapacidad no sirva para que te echen del trabajo", reclama Jordi.