Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el administrador único de una mercantil presuntamente ideó un plan para utilizar la empresa para que, "haciéndose pasar a sus empleados como servicio de mantenimiento de otras compañías suministradoras de gas", ofrecerse para realizar una inspección rutinaria en los domicilios de diferentes personas.

Además, supuestamente convencería a las personas para "la necesidad de realizar cambios en la instalación que no se correspondían con necesidades reales", y ello, pese a que los potenciales clientes contaban en algunos casos ya con su propio servicio de mantenimiento.

Posteriormente, los empleados de la empresa realizaban reparaciones "no necesarias, ni requeridas por los perjudicados", a quienes "exigían además el pago de las facturas por la práctica de servicios innecesarios". Así, los procesados se dirigieron a los domicilios de los perjudicados, la mayoría de ellos de edad avanzada, según explica el fiscal, que detalla que los acusados iban con "indumentarias de otras empresas" de gas.

Asimismo, indica que "los perjudicados solo tenían conocimiento de que esta no era la empresa que les estaba prestando el servicio cuando les mostraban la factura y les exigían el pago".

Al respecto, los procesados supuestamente cobraron más de 3.500 euros, al tiempo que generaron daños en una instalación de un inmueble, valorados en unos 494 euros.