En concreto, la Sala de lo Penal de la AN acordó que la finca, embargada judicialmente, fuese destinada a esta función, confirmando de este modo la que ya decretó en abril de 2013 el juez Pablo Ruz, quien acordó la intervención judicial de la edificación (que ya estaba embargada) para garantizar su uso y conservación por parte de la fundación de atención a personas con discapacidad intelectual.

En su auto, Ruz argumentaba la medida teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados a Petrov y el hecho de que el imputado está huido de la justicia desde mayo de 2012.

Cabe recordar que en junio de 2008 la Guardia Civil registró durante más de seis horas y media la mansión de lujo perteneciente a Petrov, detenido entonces en el marco de la operación 'Troika'.

Concretamente, la vivienda está ubicada en el número 5 de la Avenida Portals Vells, localizada en la Urbanización Sol de Mallorca de Calvià, donde Petrov vivía bajo grandes medidas de seguridad, dado que la mansión está rodeada de cámaras de seguridad tanto en el interior como en el exterior de la misma.

Asimismo, el chalet, situado en primera línea de mar y en una urbanización alejada del núcleo urbano, estaba decorado con todo tipo de ornamentación de lujo, especialmente la entrada, custodiada por dos grandes leones de tamaño real, mientras que la vivienda también cuenta con una gran terraza con vistas a la bahía de Calvià.

Durante el registro, en el que estuvieron presentes los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, la Guardia Civil intervino tres coches de gama alta de la marca Mercedes y sacaron del interior de la casa varias cajas cargadas de documentación.

En julio de 2012, el juez de la AN Santiago Pedraz ordenó la busca y captura de Petrov, que pidió permiso para trasladarse a Rusia y no volvió a España. El magistrado también extendió la orden de detención internacional a otro presunto mafioso, Leonid Khristoforov, también detenido en 2008 en el marco de la 'operación Troika'.

Ambos se encontraban en libertad provisional a la espera de ser juzgados por su implicación en la organización criminal 'Tambovskaya'.

DELITOS Y PENAS

En concreto, la Fiscalía pide penas de entre cinco años y seis meses y ocho años y seis meses de prisión para 27 miembros de la 'Tambovskaya' que participaron en una estructura asentada en España desde 1996. Desde el territorio español blanqueaban el "enorme" rendimiento económico obtenido a través de la comisión de asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tráfico de drogas, dice el Ministerio Público.

Anticorrupción, que les acusa a todos de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, solicita la pena más alta para el 'capo' Gennadios Petrov y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva. Reclama cinco años y medio para los 24 restantes miembros de la organización y multas de cien millones de euros para cada uno de ellos, un total de 2.700 millones.

La organización criminal de origen ruso actuaba en España y fue desarticulada en la operación 'Troika'. Según la Fiscalía, el grupo criminal estaba integrado por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y otros países de la Unión Europea, que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol.

Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la "descapitalización" fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar "palizas por encargo".

"UNIÓN DE EMPRESAS CRIMINALES"

Según el fiscal, el rendimiento económico que les generaban tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban casi en exclusiva para la organización, hasta que se integraron en la "poliédrica" estructura de la 'Tambovskaya-Malyshevkaya'. Entre los acusados figuran dos abogados españoles.

"Esta asociación de ambas organizaciones puede ser caracterizada como una Unión Temporal de Empresas (UTE) criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles, cuyo principal objetivo en nuestro país es cohonestar los recursos económicos ilícitamente generados, integrándolos en el sistema financiero regular mediante ampliaciones de capital, préstamos intersocietarios, tránsitos desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania", señala.