Así lo ha indicado el regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina, quien ha firmado el acuerdo de colaboración para la defensa de las personas usuarias del Servicio Municipal de Atención Integral a la Violencia de Género (SAIVG), con el que se

incorpora el asesoramiento jurídico al servicio que se da a las víctimas desde el primer momento en el que dan el paso de ponerse en contacto con el servicio municipal.

Según ha recordado el regidor, hasta ahora el asesoramiento jurídico llegaba después de que la víctima se hubiera decidido a interponer una denuncia por maltrato ante los juzgados.

De esta manera, ahora "se avanza en la orientación jurídica y las víctimas contarán con el apoyo de un abogado que las ayudará a decidir de forma conjunta qué pueden hacer para salir de la situación de violencia machista que viven", ha explicado el regidor. Molina ha detallado que durante 2015 el SAIVG atendió a 457 personas, un 29 por ciento más que el 2014, año en el que emplearon el servicio 320 personas.

El decano del ICAIB, Martín Aleñar, ha explicado que el convenio "surgió de la idea de la importancia de avanzar el asesoramiento a una situación previa al conflicto". "Se orientará a las víctimas desde el primer minuto, una ayuda que se podrá ofrecer de forma más personal y tranquila", según Aleñar.

De este modo, se les podrá ofrecer "un asesoramiento integral", desde "cuales son los pasos que se pueden llevar a cabo hasta qué derechos tienen", ha dicho Aleñar.

En concreto, el convenio recoge que, en los casos en que una víctima de violencia de género acuda al SAIVG o esté derivada sin haber interpuesto antes denuncia y se constate una situación de maltrato generalizada que no produzca un brote violento que pueda dar lugar a una denuncia inmediata ante Policía o el Juzgado de Guardia, el ICAIB designará de forma inmediata un abogado del turno de oficio especializado en violencia de género.

Además, tras analizar los detalles, la documentación y los informes en poder del SAIVG, y de entrevistarse con la víctima, el abogado designado orientará sobre la conveniencia de interponer denuncia y el lugar donde hacerlo (Policía o Juzgado).

Este profesional también acompañará la víctima en la interposición de la denuncia y los trámites sucesivos y la asesorará sobre las consecuencias jurídicas en el ámbito familiar de las actuaciones que se puedan llevar a cabo: orden de protección, medidas en relación a los hijos, o derecho a cobrar pensión.