El pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Zaragoza se dirigió a la Fiscalía General del Estado, en concreto a la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, a instancias del Pleno municipal, para que valorase la situación de las instalaciones de Averly.

El consejero municipal del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha explicado que "mientras continúa el pleito que debe decidir si se amplía la catalogación al conjunto de la fábrica, se ha instado una autorización para derribar precisamente una parte de ella, y siendo este un acto de naturaleza reglado y por tanto obligatorio, el Ayuntamiento se verá en la obligación de concederla y permitir el derribo aunque el tema todavía se esté juzgando".

Esta cuestión fue valorada por la Fiscalía General del Estado, reconociendo que era "una cuestión trascendente habida cuenta de que el derribo puede hacer imposible el cumplimiento de una eventual sentencia", y manifestaba que esta cuestión podría ponerse en conocimiento del TSJA que es el competente para adoptar esta medida cautelar.

SALVAR AVERLY

En cumplimiento de esta indicación por la cual el Ayuntamiento es el que puede poner en conocimiento de la Sala la situación existente, y, en cualquier caso con la finalidad de que el recurso jurisdiccional no pierda su finalidad (artículo 130 LJCA -una ejecución de la autorización de demolición privaría de objeto al proceso-) el Gobierno de Zaragoza ha decidido solicitar a la Sala que sea adoptada la medida cautelar de suspensión de la actuación administrativa impugnada, sin exigencia de garantía o caución al solicitante, tomando en consideración que el artículo 173.2 TRLRHL exime a las entidades locales de prestación de fianzas, depósitos y cauciones.

Esta circunstancia ha sido calificada por Pablo Muñoz como la "posición lógica y de máxima cautela con respecto a las indicaciones que vienen de Fiscalía General, sobre todo cuando se trata de un bien con alto valor patrimonial como es el caso de la Factoría Averly".

En este sentido, Muñoz ha criticado duramente la posición que ha defendido el Partido Popular al conocer la opinión de la Fiscalía "con ningún respeto a dicho órgano", ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En este sentido, el consejero municipal de Urbanismo ha instado tanto a los tres grupos que solicitaron en el pleno extraordinario que se acelerara el derribo de Averly, -PP, PSOE y Ciudadanos- "que apoyen la defensa del patrimonio de la ciudad, que apoyen la salvación de Averly y que no utilicen el patrimonio de todos los zaragozanos y zaragozanas como arma arrojadiza contra el Gobierno de Zaragoza".