El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado que la denuncia del caso 'San Antonio' "no habla de corrupción, ni siquiera de algo ilícito o penal" y ha acusado al alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), de "difamar" al PP cuando compara la forma de actuar del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y del propio Maroto con los casos del PP de Valencia o Madrid. Además, ha destacado que "el PNV estaría mejor callado" porque cuentan en Vitoria con "26 imputados por corrupción por cobro de comisiones" por el denominado 'caso De Miguel'.

Maroto se ha pronunciado, de esta forma, en la red social Twitter, tres días después de que el Tribunal de Cuentas del Estado haya condenado al ministro de Sanidad en funciones, y al propio Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

En el texto publicado, recogido por Europa Press, Maroto critica la actitud del actual alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que el día en el que se conoció el fallo del Tribunal, afirmó que la condena a Alonso y Maroto evidencia que ambos dirigentes no representan "nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria ha recordado que el tiene en Vitoria "26 imputados por corrupción por cobro de comisiones" por el denominado 'Caso De Miguel' por el que "les piden 458 años de cárcel y más de 63.000.000 euros en multas".

"El PNV estaría mejor callado en estos días y no dedicarse a difamar como está haciendo el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, compañero de escaño de alguno de esos imputados", ha manifestado.

Javier Maroto ha recordado que el PP va a recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas y ha destacado que el fallo fue dictado por la consejera "nombrada en ese tribunal a propuesta de IU". "Espero que la sentencia definitiva pueda salir antes del 26J y este asunto quede resuelto de una vez", ha indicado.

En este sentido, ha precisado que "no se trata de un tribunal penal o de la justicia ordinaria", y ha afirmado que la denuncia ante la Justicia "quedó archivada inmediatamente por el fiscal hace mucho tiempo" y "ni siquiera se admitió a trámite".

SIN CORRUPCIÓN

Además, ha señalado que "en esta demanda, los denunciantes -PNV, entre ellos- no han hablado nunca de corrupción, ni siquiera de algo ilícito o penal", sino que se trata de "un expediente administrativo en el que se discute por el precio al que fue alquilado el local".

En concreto, el Tribunal de Cuentas Ambos condena a Alonso y Maroto, por su "responsabilidad contable", junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria que en 2007 firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

LA SENTENCIA

Según Maroto, "en la sentencia se deja claro que el Ayuntamiento debe pedir un informe orientativo sobre el precio que se debe pagar pero puede variarse cuando el precio de mercado es mayor, como en este caso". "Es decir, estamos discutiendo si el precio debe ser 10 euros/m2 o 12 euros/m2. Tomamos la decisión que los técnicos nos recomendaron y siempre hemos defendido su profesionalidad", ha defendido.

No obstante, ha criticado que la denuncia se presentara seis años después de firmar el contrato y "en mitad de la campaña electoral de las elecciones municipales con el ánimo de que no hubiese resolución definitiva hasta después de los comicios".

"Siempre he dado la cara por mi ciudad y por mis ideas con la cabeza muy alta. Y lo voy a seguir haciendo. Y luchando contra la corrupción. De forma contundente. Ahora mas que nunca", ha concluido.