Según recoge la cédula de citación judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el vaquero ha sido llamado a declarar en calidad de investigado, para el día 6 de junio, como responsable de la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

Al respecto, el decreto de la fiscal detallaba que las diligencias se realizan a raíz de la denuncia del vecino afectado por la vaquería, Francisco Adame, aunque en este caso la interpuso contra el Ayuntamiento local y la Junta de Andalucía, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación ante sus "incumplimientos".

En este sentido, el afectado pidió al Ministerio Público que iniciase "los procedimientos que crea conveniente para el cierre de la vaquería ilegal", después de obtener, entre otras sentencias, la del Alto Tribunal andaluz "dando la razón para el cierre", de manera que puso la denuncia por "la posible" comisión de delitos de prevaricación ambiental y urbanística, contra las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, además del Consistorio.

Tras ello, la Fiscalía, una vez analizada la documentación, ha remitido la causa al juzgado de Posadas "por si los hechos fueran constitutivos de un delito contra el medio ambiente", tras concluir que "existen indicios de delito".

Igualmente, el Ministerio Público acordó que se notificara el citado decreto al Seprona y al Ayuntamiento colono, al tiempo que considera "imprescindible reponer el terreno a su estado original", después de que Adame ha mantenido su lucha desde el año 1992 al estar la vaquería anexa a su vivienda.

TRASLADO DEL GANADO

Cabe recordar que a mediados de febrero se procedió al traslado del ganado a las nuevas instalaciones de la vaquería desde el anterior emplazamiento, tras otorgar el Consistorio licencia de actividad para la explotación de ganado vacuno en una parcela del conocido como Paraje Molino del Sastre, muy cerca del núcleo de La Ventilla.

La construcción de la nueva vaquería concluyó a mediados del pasado mes de enero, según el certificado final de obra registrado en el Consistorio el día 22 de enero. Y el jueves 4 de febrero, los servicios técnicos municipales realizaron una visita de inspección a las instalaciones, informando favorablemente de las mismas para el otorgamiento de la citada licencia.

En concreto, la licencia de obra se concedió el 18 de diciembre de 2014, estableciéndose un año para la ejecución, por lo que "prácticamente se ha respetado, con tan sólo un mes de retraso", cerrando un episodio que comenzó el 13 de junio de 1992 con la primera denuncia del vecino Francisco Adame.