El nuevo Gobierno de Brasil del presidente interino, Michel Temer, anunció este viernes un recorte de gastos públicos, como la eliminación de al menos 4.000 empleos públicos, y una auditoría de los programas de asistencia a los pobres, como primeras medidas para sacar al país de la recesión.

Las medidas más duras, dentro del "importante" plan de ajuste que prepara el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, tendrán que esperar a que se conozca el real estado de las cuentas que dejó Dilma Rousseff, suspendida el jueves en el cargo precisamente bajo la acusación de haber realizado maniobras contables irregulares para maquillar el déficit fiscal.

La falta de anuncios de mayor calado desagradó al mercado y la Bolsa de Sao Paulo reaccionó con un abultado descenso del 3,25 % a dos horas del cierre.

Sin embargo, el conocimiento de los datos precisos, según Meirelles, es esencial para fijar unas metas "realistas" con las que ofrecer la seguridad y la "confianza" que los actores económicos han perdido por la crisis.

La prioridad del Ejecutivo de Temer será reducir el déficit fiscal y recortar la deuda pública que, según el jefe del equipo económico del Gobierno, es "insostenible".

El déficit fiscal primario, antes del pago de los intereses de la deuda, fue equivalente al 2,28 % del producto interior bruto (PIB) en los últimos doce meses cerrados en marzo, el peor dato desde que se comenzaron a elaborar estadísticas en 1997.

Teniendo en cuenta el pago de los intereses, el déficit fiscal escala al 9,73 % del PIB en los últimos doce meses y la deuda pública se sitúa en el 38,9 % del PIB, según los datos oficiales más recientes.

Meirelles prometió que se dará "prisa", pero aseguró que sólo anunciará sus propuestas cuando haya garantías de que se puedan implementar, para evitar los vaivenes que se produjeron los dos últimos años, cuando la guerra abierta entre Rousseff y el Congreso impidió aplicar el plan de austeridad que se proponía la mandataria.

El ministro de Hacienda fue optimista y aseguró que el Congreso está "preparado para oír una evaluación realista" y tomar las medidas necesarias con las que, según él, se podrá salir "rápido" de la crisis y retomar el crecimiento.

No obstante, el nuevo ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, no dudó en calificar la situación actual como "la peor crisis de la historia" de Brasil, una situación "de emergencia".

La primera medida anunciada este viernes es la eliminación de al menos 4.000 empleos públicos hasta el próximo 31 de diciembre, lo que puede suponer el despido del 25 % de la plantilla de cada ministerio.

El objetivo de esta propuesta es cortar gastos y mejorar la eficacia del Estado, dos de las prioridades que se fijó Temer en el discurso que pronunció el jueves al asumir la Presidencia.

La primera parte de la reestructuración se inició con la decisión de Temer de reducir el número de ministerios de 31 a 23.

Meirelles, aunque se negó a entrar en detalles, admitió que baraja establecer un techo para el gasto público y no descartó la posibilidad de crear nuevos impuestos, aunque aseguró que serían "temporales", mientras se corrige el problema del déficit.

En un futuro, el propósito del Gobierno es bajar los impuestos para incentivar el crecimiento de la economía, que actualmente atraviesa la recesión más profunda en siete décadas.

La economía brasileña se hundió un 3,8 % el año pasado y, según diversas proyecciones, el varapalo del PIB puede ser similar este año y rondar una caída del 3,5 %.

A largo plazo el Gobierno también se propone acometer una reforma del sistema de seguridad social, algo que Meirelles consideró una "necesidad evidente".

En Brasil no hay una edad mínima de jubilación y, según cálculos oficiales, el gasto en pensiones puede duplicarse y llegar al 24 % del PIB en 2040 si no se acomete una reforma.

Más inmediata será la revisión de los programas de asistencia social, que pasarán por una "auditoría", a pesar de que Temer ha recalcado que no pretende eliminarlos.

El ministro de Planificación, Romero Jucá, calculó hoy que entre el 30 % y el 40 % de los beneficiarios de los programas sociales no cumplen los requisitos exigidos por ley y deberían dejar de recibir los subsidios que ahora se pagan a cerca de 46 millones de personas.