Ángel Miranda, exjefe del Servicio de Limpieza en el Ayuntamiento de Málaga, aunque no ha dicho expresamente que la municipalización de Limasa sea la mejor opción, sí ha asegurado que el Consistorio tiene "capacidad" para hacerse cargo de su gestión. Además, ha cifrado en unos 10 millones el ahorro anual que supondría que este servicio fuera cien por cien público.

Así lo ha trasladado este viernes durante la comisión de investigación de Limasa Miranda, quien ha confirmado que la deuda del Ayuntamiento con esta sociedad es de 20 millones, al tiempo que ha opinado que el canon de asistencia técnica, fijado en el 2,5 por ciento de la facturación, "no debería existir". Sin embargo, tal y como ha precisado, "está en el contrato" y, por tanto, es legal y ha de cumplirse.

"La asistencia técnica está justificada por el contrato", ha incidido, especificando, en cualquier caso, no saber el destino de ese dinero: "yo soy funcionario del Ayuntamiento y no sé el privado en qué gasta sus cosas".

A su juicio, el contrato debería haberse rescindido en 2003 cuando se contaba, incluso, con un dictamen favorable del Consejo Consultivo, ya que "había incumplimientos suficientes para justificar esa actuación". Asimismo, ha cuantificado en dos millones el coste de resolverlo.

FUTURO MODELO

Sobre el futuro modelo, ha dejado claro primero que "el problema no es mío, es una decisión política y no me voy a mojar aunque me maten". Eso sí, ha afirmado que el Ayuntamiento, con su personal, tiene "capacidad" para hacerse cargo de un servicio cien por cien municipal, y, respecto a la privatización, "ahí está". Cuestionado por la división por sectores, ha precisado que "no somos tan grandes".

"Es posible gestionar este servicio desde el Ayuntamiento contando con el personal que tiene y con la estructura directiva y la Concejalía", ha defendido, al igual que se hace con la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) o con la Empresa Municipal de Aguas (Emasa). En suma, "sería diferente y se podría hacer, pero no digo que se mejore".

Respecto al débito de 20 millones, al ser preguntado por si sería un obstáculo a la hora de municipalizar el servicio, Miranda ha respondido que "el Ayuntamiento tiene salud financiera para soportar esa deuda".

Como inconvenientes de la municipalización, ha advertido de que "los procedimientos administrativos son un poco más lentos y la capacidad de respuesta más corta". Además, ha apuntado que las leyes de sostenibilidad "encorsetan" en cuanto a la inversión y los préstamos, y también que al ser el presupuesto municipal anual, habría que liquidar la sociedad cada año.

Lo que sí que no recomendaría este funcionario es el modelo actual, el mixto, y, de hecho, ha admitido que "no me gusta que haya tres empresas en la parte privada", con las que, no obstante, ha precisado que no tiene trato. Así, en respuesta a una pregunta de la oposición, ha dejado claro que "no he pillado nada", en referencia a regalos, ni ha cobrado mordidas.

LOS PRIVADOS, SIN RIESGOS

En relación con estas empresas privadas, que tienen el 51 por ciento del accionariado de Limasa, ha apuntado que "si hay una cláusula que garantiza que se van a cubrir todos los gastos, que perder al menos no vas a perder, que el riesgo y ventura no lo tienes, siempre es más fácil gestionar".

Ha incidido en que eliminar la compensación acordada para que Limasa nunca entre en pérdidas por asumir el sobrecoste derivado del aumento del personal por encima de lo estipulado, supondría "meter en quiebra a la empresa porque es la diferencia entre ingresos y gastos, y si no se cubre, se tendría un resultado negativo".

Miranda, miembro, actualmente, de la comisión técnica creada para la disolución de Limasa III, ha defendido que la gestión de Limasa es buena. De hecho, ha aclarado que no se puede pagar nada que no se realice ni tampoco se abona dos veces una misma tarea.

"Limasa cumple con todo lo que le pide el Ayuntamiento, todas las cuentas están fiscalizadas y pagadas, no hay ningún reparo, por lo que entiendo que cumple perfectamente", ha expuesto el funcionario, quien en un momento de su comparecencia ha reconocido que, en los cuatro años que estuvo al frente de este servicio, sí se negó a firmar documentos, pero, tal y como ha añadido, "es normal tener discrepancias".

Y ante el hecho de que en 2010 se decidiera no gastar 17 millones, Miranda ha declarado que "la situación no estaba para invertir y se hizo lo que se consideró más oportuno", rechazando que se tratara de un incumplimiento, ya que "el Ayuntamiento, que es el dueño del contrato, dijo que no se hiciera". En cualquier caso, ha especificado que era un dinero que tendría que haber pagado el Consistorio.

Por último, ante la pregunta de si tiene constancia de posibles enchufes en Limasa, el exjefe del Servicio de Limpieza del Consistorio ha dicho que no, aclarando que no le gusta entrar en temas del personal.

Ante el malestar mostrado por todos los grupos de la oposición por la ausencia en esta comisión de investigación de los socios privados, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha dicho que les ha llamado y se han comprometido a asistir a la próxima sesión.