El director gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Huelva, Rafael García Vargas-Machuca, ha mostrado su "total rechazo a esta clase de actos" resaltando que "cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, no puede justificarse bajo ningún concepto", y ha aprovechado para hacer un llamamiento público "en contra de esta clase de comportamientos incívicos", ha informado la Junta en un comunicado.

El suceso se produjo en el área de Observación de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez y finalizó con la detención de dos usuarios por parte de la Policía Nacional al provocar una alteración en el normal funcionamiento del servicio. Los tres trabajadores afectados han interpuesto denuncia por los hechos ocurridos.

Este hecho aislado en ningún caso empaña el clima de confianza y respeto mutuo existente entre los más de 168.000 ciudadanos que anualmente son atendidos en este servicio de Urgencias y el colectivo de profesionales que prestan asistencia.

El Complejo Hospitalario Universitario de Huelva cuenta con una dotación de 22 vigilantes de seguridad en el Hospital Juan Ramón Jiménez y se está implementando precisamente en estos días un plan de mejora para reforzar aún más las medidas de seguridad e intimidad en el área de Urgencias.

La primera de las actuaciones, que ha supuesto una inversión de más de 6.000 euros, ha consistido en la incorporación de nuevos dispositivos de control para la apertura de puertas de Urgencias. La finalidad es restringir la circulación por las instalaciones de este servicio, limitándola únicamente a los profesionales y ciudadanos que se encuentran en ese circuito asistencial, redundando en una mejora de las condiciones de seguridad y de intimidad para ambos colectivos.

ACTIVADO EL PROTOCOLO

Nada más tenerse constancia de este suceso, el Complejo Hospitalario Universitario de Huelva activó el protocolo diseñado por la Consejería de Salud ante este tipo de casos, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al personal afectado. Esta actuación se enmarca en el 'Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz', puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2005 y que también contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan estas agresiones.

En el marco del mencionado plan, los trabajadores afectados cuentan, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico, siempre que los profesionales decidan denunciar lo ocurrido, como así ha ocurrido en este caso. La asesoría jurídica asiste y representa a los profesionales en el juicio, para lo cual se ha elaborado un decreto que habilita a los letrados de la administración sanitaria a representar a los profesionales del SAS.

En este sentido, conviene recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión, a lo que han contribuido los encuentros entre los responsables de la Consejería de Salud y del ámbito judicial para promover esta tipificación.

El sistema sanitario público andaluz fue el primero en diseñar y aprobar un plan de este tipo, al objeto de articular acciones para evitar situaciones de conflicto, profundizando a la vez en las relaciones de respeto mutuo entre ciudadanos y profesionales.

REUNIONES DE TRABAJO

Por su parte, desde la UGT se solicitarán reuniones de trabajo específicas en la provincia, donde se analicen los datos de los que se disponen en materia de agresiones y se haga un seguimiento de cuantas medidas se adopten manteniendo vivo el pacto que en su día se suscribió a nivel de Andalucía.

El sindicato, a través de un comunicado, ha mostrado su solidaridad hacia todos los profesionales de la provincia, que permanentemente se involucran en el cumplimiento de sus funciones para prestar la asistencia sanitaria.

Por ello, han pedido más inversión en prevención. Primero en la concienciación de la ciudadanía a través de una campaña continuada tanto en medios de comunicación como en los propios centros de trabajo; segundo en medios materiales y humanos que sirvan de barrera adecuada a los posibles agresores; y tercero, en la mejora de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.