A juicio de la Fiscalía, lograron salvar la prohibición del cobro de remuneraciones fuera de las dietas que le originaba a Crespo su actividad al frente de la segunda caja valenciana. Además, acusa a los 19 exconsejeros de la entidad que lo aprobaron en el seno del Consejo de Administración.

La Fiscalía les atribuye apropiación indebida agravada y un delito societario de administración desleal. El fiscal considera que el que fuera director general López Abad fue el inductor y cooperador necesario del plan, mientras que considera que el resto de los 20 acusados, incluido Modesto Crespo, son autores de los delitos.

En el escrito de acusación presentado en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, la Fiscalia pide, además, la apertura de juicio oral contra los 19 exconsejeros de la caja que votaron a favor del plan urdido por López Abad para que Modesto Crespo percibiese una remuneración de 300.000 euros por presidir la sociedad Tinser Cartera, de la que era propietaria al 100% la CAM y que funcionaba hasta ese momento bajo la dirección de un administrador único. El plan permitía saltarse la prohibición para recibir sueldos.

Según el fiscal, la comisión de Retribuciones lo aprobó y dio traslado al Consejo de Administración de la CAM, que también lo autorizó. Así, se creó, con fecha de 9 de diciembre de 2009, un consejo de administración en Tinser Cartera, del que Crespo era presidente y por cuyo cargo recibió 600.000 euros entre 2009 y 2011, y en el que había otros cuatro miembros que no percibían remuneración.

Además, según la Fiscalía: "Alfonso Rodríguez Rabadán siguió siendo el administrador de hecho de Tinser Cartera, S.L., ya que los nombramientos del Presidente y de los vocales del nuevo Consejo de

Administración fueron meramente formales; también fueron meramente

formales las Juntas de dicho Consejo, que nunca se reunió físicamente".

El fiscal considera que Modesto Crespo Martínez no participó en la toma de ninguna decisión relativa a la administración o gestión de Tinser Cartera, S.L. A pesar de ello, percibió de esta sociedad durante el tiempo en que fue nominalmente presidente de su Consejo de Administración, 600.000 euros como retribución por una supuesta dedicación.

Por todo ello, la Fiscalía pide, además, a Modesto Crespo el decomiso de bienes por valor de 600.000 euros y solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Bansabadell Inversió Desenvolupament SA, actual propietario de la CAM, con otros 600.000 euros.

Así, solicita cuatro años de prisión y multa de 120.000 euros para López Abad y Modesto Crespo; tres años de prisión y multa de 81.000 euros, para Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez; y, para el resto de los acusados, dos años de prisión y multa de 48.000 euros.