Mientras transcurre el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, las marchas y los bloqueos de avenidas se suceden en todo el país. La sociedad, ya dividida en los últimos años, hoy se ha polarizado: unos celebran al tiempo que buena parte de los brasileños gritan "No va a haber golpe (de estado)".

La explicación del proceso contra la primera presidenta de Brasil es bastante más compleja que un simple caso de corrupción personal.

The New York Times lo llamó "tapadera", The Economist ironizó sobre la votación en la Cámara (se votó por "razones" que poco o nada tenían que ver con la corrupción, y sí con "Dios" o "en recuerdo de los militares golpistas", y The Guardian directamente calificó de "tragedia" la eventual destitución de la presidenta.

Medios aparte, también el gobierno argentino del liberal Mauricio Macri o el secretario de la OEA han expresado su preocupación.

Sin pasar por alto las posibles irregularidades, errores o negligencias en las que haya podido inclurrir tanto la presidenta como los miembros de su partido, hay algunos hechos que siembran las dudas sobre la legitimidad del impeachment. ¿Por qué el proceso es tan polémico?

Así tituló The LA Times: quienes votan el impeachment tienen más cargos que ella.  A Dilma se la acusa en las calles de corrupta, aunque formalmente se la acusa de "Crimen de Responsabilidad y de haber realizado maniobras fiscales para maquillar el déficit. Todo esto en el marco de la Operación Lava-Jato, la gigantesca investigación que tiró de la manta de la trama de corrupción en la estatal Petrobras.

Lo cierto es que la corrupción en la Petrobras es arraigada y hay pruebas de su existencia ya en la época del Régimen Militar, vigente desde 1964. Además la Operación Lava-Jato ha salpicado a los principales partidos de Brasil, no solo al Partido dos Trabalhadores (PT) de Dilma Rousseff y del expresidente Lula Da Silva.

Como si de unos Panama Papers se tratara, durante meses la Lava-Jato ha ido destapando nombres tanto de empresas como de políticos y los principales actores dentro de la crisis del impeachment están implicados.

Es el caso del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que fue quien impulsó el proceso, y acaba de ser alejado de su cargo por acusaciones de corrupción. También es el caso vicepresidente Michel Temer, que asumirá el cargo en caso de que Rousseff caiga. Y el del presidente del Senado, Renan Calheiros, quien se ha asegurado de que el proceso del impeachment continúe, está investigado por corrupción, entre muchos otros.

Una imagen gráfica se vivió tras la primera votación del impeachment, en la Cámara, el 16 de abril: la de la diputada que votó contra Dilma y "en contra de la corrupción" mientras alababa a su marido como ejemplo de alcalde con gestión modelo. El día siguiente este fue detenido, acusado de fraudes en licitaciones públicas.

El rizo se riza cuando examinamos las credenciales de tanto los diputados como los senadores que han votado sobre el impeachment: el 60% de ellos tienen causas pendientes con la Justicia.

Muchos de quienes cuestionan el impeachment no lo hacen por apoyo a la presidenta en sí, sino temiendo la agenda de la oposición, en muchos puntos polémica y conservadora. Uno de los puntos que ha causado revuelo es la declarada intención del vicepresidente Temer de "privatizar todo lo que sea posible" en materia de infraestructura si asume el poder.

Pero más preocupa la "bancada BBB", apodada como "Buey, Bala y Biblia", la facción más conservadora de la Cámara y que agrupa los intereses de los ganaderos, la industria armamentística y los evangélicos. Esta facción apoya declaradamente a Eduardo Cunha y presiona para cambios en la ley que faciliten el porte de armas, el endurecimiento de la prohibición del aborto o la relajación de las restricciones al uso de las tierras indígenas.

Rousseff recibió un país con un crecimiento del 7,5 por ciento, un desempleo del 5,7 por ciento y programas sociales que ayudaron a revalidar el triunfo de su partido y fueron reconocidos internacionalmente, como el "Bolsa Familia", que beneficia a unas 13,8 millones de familias.

La "luna de miel" del Gobierno con la sociedad duró poco. Los números dejaron de cuadrarles a los brasileños y aumentó el malestar social mientras las patronales y los mercados empezaron a marcar distancia con el Gobierno. Una política intervencionista que no agradó a las patronales y el impacto de la crisis internacional y de la caída de los precios del petróleo y las comodities complicaron la cuentas de la presidenta.

De momento los mercados celebran hoy por adelantado, y sin esperar al resultado de la votación que se desarrolla en el Senado, el final del ciclo del PT: la bolsa de Sao Paulo abrió al alza y el real brasileño se revaluó frente al dólar.