VALENCIA/MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El PSPV, personado como acusación particular en la pieza del caso 'Gürtel' que juzgará la contratación irregular con empresas de esta trama para la megafonía y colocación de pantallas con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI en 2006, solicita 15 años y ocho meses de prisión y 357.000 euros de multa para el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino por los delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, cohecho y falsedad continuada.

El escrito de conclusiones provisiones del PSPV, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige también contra otras 22 personas, a las que se piden entre 3 años y medio y 31 años y medio de cárcel y 10 empresas como responsables civiles.

El escrito se ha presentado por esta parte sin esperar a que la Sala de lo Penal resuelva los recursos presentados por Cotino y otros contra el auto por el que el pasado mes de abril el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordara el procesamiento de un total 24 acusados.

Para el presunto 'cerebro' de la trama 'gürtel', Francisco Correa, el PSPV pide un total de 31 años y medio de cárcel por nueve delitos, en el caso del de asociación ilícita en grado de director; mientras que el número dos de la trama, Pablo Crespo, se enfrenta por esta parte a una petición de 27 años y cinco meses de cárcel. También solicitan algo más de 23 años y la misma pena para el exdirector de Canal 9, Pedro García Gimeno.

Los hechos por los todos ellos serán juzgados se refieren a la contratación de alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía que les fueron adjudicados por la televisión pública valenciana con ocasión de la visita del Papa.

Los investigados decidieron que el coste de ese suministro, que fijaron en siete millones de euros, lo llevaría a cabo el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla del grupo Correa.

"INICIATIVA Y COORDINACIÓN" DE COTINO

El escrito detalla la participación de todos los implicados en la formulación y firma de los contratos y destaca la reunión de celebrada el 14 de noviembre de 2005 a la que acudió Juan Cotino, quien según esta parte "desarrolla una actividad clara de iniciativa y coordinación de todo lo que tiene que ver con la contratación originada por el V Encuentro Mundial de las Familias, y en la que se decide el desglose de contratos".

El escrito de los socialistas también menciona otra reunión en la que estuvo Cotino con otros dirigentes valencianos, entre ellos el presidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, el 23 de enero de 2006 , en la que el Patronato de la Fundacion V Encuentro Mundial de la Familia acordó que la Radio Televisión Valenciana fuera la 'host

broadcaster'

para provever la cobertura audiovisual mundial de todos los actos y eventos de Benedicto XVI en Valencia.

Añaden que el exdirector de Canal 9 ya había mantenido contactos con las empresas de Correa y estaba predispuesto a adjudicar la contratación y demás a la trama, "con sobrecostes evidentes", de acuerdo con Cotino "quien dentro de la Generalitat era el responsable del tema, aunque

en el patronato figurase el presidente" de la Comunidad.

El PSOE analiza los contratos para concluir que el resultado previo de los mismos asciende a 1.949.292,11 euros, de los que un millón se reparten entre Álvaro Pérez y Pedro García Gimeno y el resto quedaría en Teconsa y se desvía al a trama por distintas vías.

Añaden que Correa, dirige toda la operación y decide dónde va el dinero conseguido, y en este caso no sólo actúa Teconsa como pantalla, sino que también se pone a su disposición para ocultar como beneficiario último el entramado empresarial como Grupo FCS y otras sociedades. El dinero revertió en una casa a nombre de una de sus sociedades en Punta Grossa (Ibiza), las obras de reforma de Pasadena Viajes y en otras empresas por él controladas.

Dicen también en su escrito, sobre las repercusiones fiscales, que más allá de la adjudicación irregular de estos contratos a Teconsa, se lleva a cabo toda una serie de operaciones mediante facturas falsas, pago mediante empresas interpuestas etcétera "con la finalidad de ocultar a los beneficiarios finales del dinero, blanquear el obtenido ilícitamente y detraerlo del correspondiente pago de impuestos".

Además de los ya mencionados, se pide para el considerado cerebro financiero de la trama José Ramón Blanco Balín 14 años y dos meses de cárcel.

La lista incluye al exdirector económico de la cadena Ricardo Calatayud (8 años y 3 meses) ; el anterior jefe del departamento técnico Luis Sabater (8 años y 3 meses) ; el exdirector de antena Antonio José de la Viuda (8 años y 3 meses) ; los empresarios Vicente Torro (8 años y 8 meses)

; los vocales de Teconsa José Luis Martínez Parra (24 años y 9

meses)

y Rafael Martínez Molinero (11 años y 6 meses) ; el trabajador de Wild Electronics Carlos Ignacio Fragio Díaz (7 años y 11 meses)

y su hermano Oscar (7 años y 11 meses) ; Alexandra Andrea Beresovski

(3 años y 6 meses) y Noemí Márquez Castellano (6 años de cárcel) , administradoras solidarias de Wild Electronic Desing SL.

Además, serán juzgados Jacobo Gordons Levenfeld (7 años y 10 meses) , la que fuera abogada del departamento de dirección jurídica de RTVV María Encarnación Pérez Pallarés (15 años y 3 meses) ; el ex director de gestión de recursos humanos Vicente Sanz Monlleó (15 años y 3 meses) ; al que fuera secretario general del ente Juan Prefaci (15 años y 3 meses) ; al ex jefe de compras Benjamín Iñiguez Escuder (8 años y 3 meses); y Francisco Javier Arnuncio (8 años y 3 meses) , de Impacto Producciones S.L.

El auto del juez De la Mata califica a Juan Cotino como "factótum" y elemento nuclear" de la Fundación ( FVMEF) como responsable último de sus contratos, " manejando desde atrás" y en común acuerdo con el entonces director de la televisión pública valenciana. Según el juez, " consiguió su propósito de que se adjudicarán al grupo Correa los servicios mencionados".

El convenio entre la Fundación y la televisión pública supuso un desembolso ilícito de 7.493.600 euros, un precio " desorbitado y notoriamente superior al del servicio realmente prestado" según el juez, que cifra en 3.300.000 euros los fondos sustraídos de RTVV.