Se trata de permitir a los usuarios el control de todo su patrimonio digital -música, cine, cuentas en redes sociales, correos y perfiles en páginas webs, entre otros- y que puedan legarlo a sus herederos, para que éstos lo aprovechen o eliminen.

La filosofía de la norma es, en esencia, que sean los poderes públicos los que se encarguen de garantizar el derecho de los ciudadanos a gestionar su legado y no quede al arbitrio de los términos y condiciones de uso establecidos de forma unilateral por las empresas del sector. Según el profesor Rafael Rodríguez Prieto, "una legislación 'ad hoc' que cuente con el respaldo de las instituciones democráticas es esencial para gestionar dichos contenidos en Internet".

Para promover esta norma, estos estudiantes y profesores han firmado un manifiesto en el que reclaman al Gobierno central la promulgación de una Ley sobre Sucesión Digital, con la que, según sus impulsores, "España sería uno de los primeros estados del mundo en plantear este problema y darle una solución democrática, y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla el primer centro académico en promoverla y realizar una acción concreta e innovadora en este campo".