Vicente Martínez Pujalte, diputado en el Congreso por el Partido Popular hasta las elecciones del 20 de diciembre, ha sido acusado por la Fiscalía de los delitos de falsedad y cohecho que habría cometido mientras aún ocupaba su escaño. Pujalte habría recibido pagos de constructoras y empresas por asesorías verbales que podrían esconder, de acuerdo a las pesquisas, pagos irregulares a cambios de favores.

La denuncia fue presentada en Valladolid, pero el caso ha pasado a la Audiencia Nacional, que investigará también, a petición de la Fiscalía, a la exsenadora popular Ana Torme, a su compañero Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado) y a los empresarios Alejandro Llorente Múñoz,  Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega.

Martínez Pujalte compartía con Torme la empresa Sirga XXI Consultores, que recibió pagos continuados de la constructora Collosa, contratista de la Administración Pública y adjudicataria de parques eólicos en Castilla y León.

La Agencia Tributaria detectó en 2014 una trama en la que cargos regionales agilizaron trámites para estas infraestructuras después de recibir pagos cuyo monto total alcanzaría los 110 millones de euros. Hacienda detectó después que el Grupo Collosa abonó 75.000 euros a vicente Martínez Pujalte y otros 354.000 a su compañero de partido Federico Trillo, actual embajador de España en Reino Unido. Ambos eran diputados en ese momento.

La Fiscalía acusa a Pujalte de no ser capaz de justificar documentalmente los trabajos que hizo para la constructora, por lo que estima que habría cobrado por encomiendas que, en realidad, nunca se llevaron a cabo y que podrían esconder comisiones ilegales.

Collosa no fue la única empresa que hizo pagos a la asesoría de Martínez Pujalte y Ana Torme. También lo hizo Scardovi, perteneciente a otros dos políticos populares: Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui. Ambos son objeto de otra investigación en la Audiencia Nacional por cobro de comisiones mientras ostentaban cargo público. El primero pidió la baja del PP al conocerse los hechos. El segundo dimitió como embajador de España en India.

Pujalte, como Trillo, De la Serna y Arístegui, siempre ha defendido que su actividad de asesoría externa "era legal" y compatible con sus actividades en el Congreso de los Diputados. Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, aseguró que tanto Pujalte como Trillo se ciñeron al régimen de autorizaciones del Congreso.

Por su parte, Martínez Pujalte ha asegurado que se encuentra "absolutamente tranquilo" y convencido de que su trabajo de asesoría para la constructora Collosa era "legal" y "compatible" con el escaño, y ha avanzado que colaborará con la Justicia.

En declaraciones a Efe, el exdiputado por Murcia ha destacado, además, que en ninguna de las actividades que efectuó para la empresa hay "dinero público".

"No hay un sólo euro público, ningún contrato público ni nada público; son actividades privadas que se hacían, se cobraban y sujetas a impuestos", ha añadido.

Martínez Pujalte, por todo ello, ha asegurado que esa labor de asesoría llevada a cabo en los años 2008 y 2009 encaja en el régimen de compatibilidades de los diputados, por lo que ha expresado su convencimiento del "buen hacer" de tales trabajos.

Ha confiado en que la Justicia actúe con rapidez y se ha comprometido a colaborar en todo lo que se le pida desde las instancias judiciales. En este contexto, ha lamentado que la Fiscalía de Valladolid no le haya llamado para preguntarle por sus actividades.