Los encausados en el caso 'Costurero', operación que explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo y el concejal de Urbanismo, van a juicio por la supuesta comisión de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, contra la ordenación del territorio y desobediencia.

Entre ellos, figuran integrantes de las corporaciones locales de Zurgena entre 2003 y 2011, funcionarios públicos de la administración local, empresarios promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura. La vista oral va a tener lugar en la Ciudad de la Justicia, donde se ha habilitado por primera vez, dado el número de partes personadas en la causa, el salón destinado habitualmente a la celebración de bodas.

La primera sesión está destinada a la resolución de las cuestiones previas que van a plantear las distintas partes y a la formalización de posibles acuerdos de conformidad entre la Fiscalía y algunos de los encausados si bien fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que algunas de estas partes han solicitado la suspensión de la vista aunque han recibido una respuesta negativa por parte del tribunal que debe enjuiciar el caso.

Por otra parte, ese mismo tribunal aún no ha resuelto el recurso de súplica por el que abogados defensores, alegando indefensión, han interesado a la Sección Segunda que se les facilite copia de las escuchas que obran en las actuaciones derivadas de las intervenciones telefónicas que se autorizaron judicialmente durante la investigación.

La Audiencia denegó en abril la petición arguyendo que no había lugar ya que el servicio de grabación "se limita únicamente" a la grabación de las vistas si bien recordó que los CDs que contienen las grabaciones estaban a disposición de las partes, "pudiendo procederse a su audición en presencia de la letrada de la administración de justicia".

PENAS DE HASTA 180 AÑOS DE CÁRCEL Y 1.050 AÑOS DE INHABILITACIÓN

En el auto de apertura de juicio oral el juez instructor resolvió imponer a Trabalón, quien se enfrenta a penas que suman 180 años de cárcel y 1.050 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, una fianza civil de 571.147 euros.

El fiscal, que acusa a quien fuera regidor andalucista de un total de 120 delitos aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares".

Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.

Para Tijeras, el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no.

Para el exconcejal de Urbanismo, el juez instructor fijo la fianza civil en 8.630 euros aunque el Ministerio Público destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles 'Antonio de la Jacinta' y 'New Horizon Villas' y principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera "irregular".

'MODUS OPERANDI'

El Ministerio Público indica en su detallado escrito de 69 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, tres fases en la trama tejida por los dos principales procesados, quienes, según remarca, decidieron y persistieron en tiempo "de común acuerdo" en conceder licencias para construir viviendas sobre suelo calificado como no urbanizable "no permitidas por la legislación urbanística".

En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal".

En virtud de esto, el fiscal le atribuye la concesión a sabiendas de que eran contrarias a la normativa, de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.

En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno cuando hasta ese momento era bien el alcalde o bien la comisión de gobierno la que resolvía los expedientes para eludir los "informes técnicos y jurídicos que iban a ser contrarios a las licencias solicitadas". Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama.

"SUBTERFUGIO"

El citado modo de actuar fue diseñado presuntamente por el exregidor y el exconcejal de Urbanismo, y consistía en, "para dar apariencia de legalidad" a las licencias, usar el "subterfugio" de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando "contará con servicios básicos como acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro de electricidad". Con este objetivo, según detalla, indicaban a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello".

La tercera etapa se habría iniciado, según el Ministerio Público, en febrero de 2006 cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra "ilegales" e ideó una manera de hacerlo "de forma menos manifiesta" utilizando la vía del silencio administrativo. Así, "decidió voluntariamente dejar transcurrir" el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para "luego certificar su concesión por silencio administrativo".

CINCO ABSOLUCIONES PREVIAS

La excorporación local de Zurgena ha sido absuelta, bien en primera instancia, bien por la Audiencia Provincial, en cinco de los procedimientos ya sustanciados de los 13 que se incoaron por presuntos delitos de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Otros dos fueron sobreseídos mientras que un octavo tendrá que repetirse.

Otra causa por estos mismos delitos está a la espera de que se dicte sentencia, un segundo fue aplazado en abril mientras que otros tres están en distintas fases procesales como la presentación de escritos de defensa, pase al Ministerio Fiscal para formular acusación o solicitar archivo, o envió al juzgado de lo Penal para señalamiento de vista oral.