Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Pilar Costa, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, donde ha explicado que la intención del Ejecutivo es "defender el interés general en caso de que se haya producido malversación de caudales públicos".

La causa investiga las presuntas irregularidades en la compra del solar del antiguo hotel Rocamar, por el que se habría pagado un sobreprecio de unos 700.000 euros públicos.

El PSIB criticó en su día que la compra del hotel fue "una operación llena de sombras", al aseverar que tras el cierre de este establecimiento en 1999, en el año 2005 el Govern abonó 871.671 euros a pesar de que "la tasación ascendía a 284.631".