Molero, quien junto con el sector del cangrejo se reúne este jueves con el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, y con el subdirector general del Medio Natural, Miguel Aymerich, ha explicado que el Supremo ha desestimado ya el incidente de nulidad planteado contra la citada sentencia por el Estado, si bien aún queda pendiente saber el destino del incidente de nulidad promovido en paralelo por la Asociación de la Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua).

Valentín Murillo, presidente del sector de empresarios cangrejeros de Isla Mayor, había informado ya a Europa Press de que este "incidente de nulidad" elevado "directamente" por los empresarios al Supremo se sustenta, principalmente, en que aunque los empresarios del sector cangrejero son "parte afectada" en el asunto, el tribunal no les habría "emplazado" en el litigio derivado de la impugnación, a manos de Ecologistas en Acción, del real decreto Ley sobre excepciones para la captura y comercialización en el caso de especies incluidas en el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras.

Así, como colectivo "afectado", los cangrejeros habrían sufrido una "indefensión", según Murillo, quien expone no obstante que el incidente de nulidad incluye "más argumentos" en contra de la sentencia del Supremo.

EL CONFLICTO DEL CANGREJO ROJO

Murillo había detallado ya que el cangrejo rojo fue introducido en España a principio de los años 70, precisamente por el Ministerio de Medio Ambiente de aquella época, para favorecer "el desarrollo de zonas rurales deprimidas económicamente", siempre que la especie encontrase "vacío el nicho ecológico", es decir "que no interfiriese en las especies autóctonas".

Y es así como a lo largo de casi 50 años, el cangrejo rojo "se ha naturalizado totalmente en las marismas del Guadalquivir", dado que su población "no afecta a las especies autóctonas". No obstante, en 2011 el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras incluyó en su listado al cangrejo rojo, extremo resuelto "mediante un real decreto" acompañado de una disposición adicional específica. Gracias a dichos instrumentos normativos, según Valentín Murillo, se permitió la pesca y comercialización del cangrejo rojo "como recurso zoogenético para la alimentación".

La sentencia del Supremo, merced a las acciones legales de los ecologistas, anula precisamente los mencionados instrumentos normativos que, como excepción, permitían la pesca y venta del cangrejo rojo.

Y mientras "el 70 por ciento de la población de Isla Mayor depende" de la pesca del cangrejo, esta sentencia constituye todo un "desastre" económico para toda la comarca del Bajo Guadalquivir, puesto que aunque Isla Mayor es "el centro neurálgico de la actividad productiva", hay pescadores y actividad relacionada con el sector en Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, El Cuervo, Utrera, Pilas, Trebujena (Cádiz) y Almonte (Huelva).