Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han precisado que la comparecencia de la jefa de servicio Isabel Almendro está prevista inicialmente para el día 6 del mismo mes. Asimismo, se han previsto varios días de julio, septiembre y octubre para la declaración como investigados de otros funcionarios y responsables.

Esta causa tiene actualmente 27 piezas separadas, una por cada empresa investigada por las subvenciones que recibieron en las convocatorias de noviembre y diciembre de 2010. Ya han declarado ante el juez instructor la mayoría de los empresarios investigados en este procedimiento.

Se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello.

La investigación se refiere a dos convocatorias de ayudas para formación para desempleados con compromiso de contratación, la del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigan 17 empresas que obtuvieron subvenciones -por algo menos de dos millones de euros en global-; y la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se investigan unas 10 firmas.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas y de los profesores; además de que a veces no se llegaron a dar los cursos. Pero también en el incumplimiento del compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o supuestas falsedades en partes de asistencia.

Asimismo, se investiga una presunta falta de control de la Administración andaluza en la concesión de las subvenciones, durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las ayudas.