El presidente de la Cámara de Contratistos presenta los datos de licitación
El presidente de la Cámara de Contratistos presenta los datos de licitación EUROPA PRESS

Así de tajante se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León tras presenta los datos de la licitación de obra oficial correspondientes al año 2015, un ejercicio "catastrófico" en el que la licitación "apenas" superó los 788 millones de euros, lo que representa un descenso del 24,7 por ciento respecto al anterior ejercicio que "no fue especialmente bueno".

Según los datos aportados por el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, el volumen de negocio del sector ha caído entre un 75 y un 80 por ciento entre los años 2007 y 2015, al pasar de 18.086 millones de euros a los 4.383 millones con los que se prevé cerrar 2015, lo que ha derivado en la pérdida de más de 8.000 empresas -de 17.848 a 9.553, de las que, según ha precisado Pascual, un número muy significativo son empresas más pequeñas, más débiles y con trabajo de peor calidad-.

Pascual ha añadido a estos datos la pérdida de 77.000 puestos de trabajo directos en el sector, tanto asalariados como autónomos, y, tras reconocer que el pasado año se recuperaron 5.000 empleos, ha lamentado que se hayan perdido los mismos puestos de trabajo en los tres primeros meses de 2016, una deriva "bastante preocupante" y para que la que ha exigido una "urgente" solución para atajar un problema que, según ha augurado, se verá agravado por la inestabilidad política que vive el país.

"Llevamos tres años pidiendo soluciones y pidiendo una reunión con el máximo responsable de la Comunidad", ha relatado el presidente de los contratistas de Castilla y León, quien ha afeado que la Junta sí hable y dé su máximo apoyo al sector de la minería -Pascual ha trasladado su cariño y solidaridad a los mineros- cuando sólo representa a unos 800 trabajadores, frente al sector de la construcción con un peso del 7 por ciento en el PIB regional y 69.000 empleos en la actualidad.

Pascual ha lamentado que la construcción haya perdido esos 77.000 puestos de trabajo directos "de forma silenciosa" y "sin ningún tipo de medida" mientras las empresas se esfuerzan por mantener unas plantillas que, según ha admitido, están muy redimensionadas pero "a la espera de que esto salga para adelante" mientras las licitaciones han bajado hasta cinco veces desde 2015.

Enrique Pascual ha abogado en todo momento por una "asignación coherente, razonable" y pensada a medio y largo plazo del presupuesto de la Junta que, según ha recordado, es incluso mayor al que había en 2007 desde la crítica al Gobierno regional por dejar de invertir ahora incluso en mantenimiento de insfraestructuras -"ni un duro en hospitales que estarán estropeados en diez años", ha aseverado- en detrimento de la productividad y de la competitividad de la Región.

"Están hipotecando nuestro futuro sin invertir en infraestructuras", ha sentenciado.

En el mismo sentido se ha pronunciado Enrique Prieto, vocal de la Cámara de Contratistas, que ha comparado al sector con el "patito feo" de la actividad económica de Castilla y León al que se ha "olvidado por completo" en estos años de crisis y de lucha por el control del déficit y de la deuda públicos, con los que sí se ha mostrado a favor, pero entendido de otra manera desde el convencimiento de que se puede enfocar la obra pública de manera sostenible para llevar a cabo infraestructuras de depuración o abastencimiento a partir de la colaboración público-privada.

"Hay empresas grandes que podrían hacer esas obras", ha argumentado Prieto, quien, tras rechazar las obras "faraónicas e innecesarias" que se han llegado a construir en todo el país, ha compartido con el presidente de los contratistas que el sector de la construcción es "complementario" ya que lo que se invierte en obra pública revierte a la población.

Entre las medidas urgentes que reclaman los contratistas de Castilla y León destacan el "aumento significativo" de las partidas destinadas a inversión en obra pública productiva, la puesta en marcha de elementos correctores para acabar con las "desproporcionadas" bajas de adjudicación y, en el caso concreto de la Junta, la supresión de las "injustas" tasas por inspección y dirección de obra y que suponen un 4 por ciento del importe de la adjudicación "por un servicio que ella se presta a sí misma".

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