"Me constaba que todos los chicos estaban regularizados. No podía pensar que me estaban engañando", ha declarado G.V.L. durante su comparecencia en el juicio y se ha extendido por espacio de casi dos horas ininterrumpidas.

G.V.L., de 47 años, ha dicho que los inmigrantes temporeros, a los que se ha referido en múltiples ocasiones como "los negritos", trabajaban a destajo porque así se lo habían pedido ellos ya que "no les interesaba trabajar a jornal".

"Me cuesta lo mismo llevar a un hombre legal que a uno ilegal, no intentaba engañar a nadie", ha dicho el acusado, al tiempo que ha añadido que él les ofrecía vivienda sin tener ninguna obligación de hacerlo, pero ha rechazado que les repercutiera los gastos de luz y agua. Entre otras cosas, porque la vivienda, según su versión, no tenía luz, solo agua.

G.V.L. se enfrenta a 16 años de cárcel y multas por valor de 35.482 euros por los delitos de los que le acusa la Fiscalía, aunque la acusación particular eleva su petición de penas hasta los 29 años de prisión ya que le imputa también un delito de desaparición forzosa

por el que le reclama 15 años de cárcel.

G.V.L. es el empresario investigado por la desaparición en diciembre de 2013 del joven temporero maliense, Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el acusado al que pidieron dejar de trabajar a destajo para pasar a jornal.

La queja de estos trabajadores les valió en el momento quedarse sin trabajo y la desaparición de Tidiany Coulibaly, del que dos años y cinco meses sigue sin saberse nada de su paradero.

Según recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, el acusado pagaba a cada miembro de la cuadrilla 12 céntimos de euro por kilo de aceituna recogido, lo que al final de la jornada les suponía unos ingresos de unos 30 euros máximos cuando el jornal estaba situado por entonces en 50,36 euros.

Algunos de los trabajadores de la cuadrilla no tenían contrato de trabajo ni estaban dados de alta y algunos se encontraban además en situación irregular, algo que según el Ministerio Público, el acusado conocía perfectamente, aunque él lo ha negado reiteradamente.

El acusado descontaba a los trabajadores el precio del material que se rompía durante el trabajo y también los gastos de agua y luz, aunque el suministro de esta última era ilegal, de ahí que se impute también una falta de defraudación de fluido eléctrico.

También se le acusa de un delito contra la salud pública al habérsele incautado en una nave de su propiedad 330 gramos de marihuana, dos delitos contra la administración de justicia y otro de desobediencia a la autoridad judicial. Según el acusado, la droga estaba guardada para hacer un ungüento contra los dolores de sus padres.

La Fiscalía también recoge en su escrito que el acusado pidió a dos personas de Villacarrillo a los que le tenía alquilado un bar que declararan que lo vieron el 17 de diciembre sobre las 13,00 horas a sabiendas de que esto era falso. De esta forma, el acusado disponía de coartada frente a la desaparición de Tidiany Coulibaly.

El acusado ha señalado que la única presión que ejerció sobre estas dos personas era para que dijeran la verdad porque "estaba en juego mi vida". Además ha señalado que estaba convencido de que "en algún momento iba a aparecer y se iba a resolver".

Finalmente, Fiscalía ha considerado que no había pruebas suficientes para imputarle un delito de detención ilegal por la desaparición de Tidiany Coulibaly. Sin embargo, la acusación particular ejercida por la familia de Tidiany Coulibaly si que pide pena por la desaparición del joven inmigrante temporero.

G.V.L. rechazado tener nada que ver con la desaparición de Tidiany Coulibaly y de hecho ha esgrimido todo lo que hizo durante la mañana en la que desapareció el joven temporero, aunque desde la acusación particular se ha valido de las pruebas practicadas por la Guardia Civil para cuestionar la coartada del acusado.

También ha declarado el hermano del fallecido que también trabajaba con su hermano para este mismo empresario cuando ocurrieron los hechos. Ha declarado que el día de la desaparición el acusado "se enfadó mucho" cuando la cuadrilla le pidió trabajar a jornal y que la respuesta fue echarlos de la vivienda que ocupaban.

Ha añadido que su hermano ejerció de portavoz de la cuadrilla y que el empresario les dio de plazo hasta las doce de ese mediodía para abandonar la vivienda. En la casa se quedó Tidiany mientras él acompañaba a un compañero a la estación de autobuses.

Tardó quince minutos en volver y cuando regresó ya no estaba su hermano y ya le habían cortado la luz de la casa. Desde entonces nada se ha sabido de su hermano y el último rastro se encontró en una de las fincas del acusado donde aparecieron las orejeras que utilizaba Tidiany.

Los perros de la Guardia Civil especializados en el rastreo de cadáveres marcaron una zona de esa finca, pero no se encontró nada, solo las orejeras que el acusado sostiene que pudo ponerlas allí cualquiera puesto que aunque fue casi un mes después de la desaparición del joven maliense estaban "inmaculadas, sin ninguna mancha ni signo de llevar allí tiempo".