La FAVB denuncia que el Consistorio «persigue selectivamente» a los propietarios de estas viviendas a los que sanciona con multas «desproporcionadas» de 3.000 euros. La entidad vecinal cree que debería hacerse pública la normativa entre los instaladores y las comunidades de propietarios además de solicitar al alcalde que pare los expedientes abiertos a estas familias.