Canadá y Navarra buscan intercambios económicos en energías renovables y alimentación

  • El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha recibido este martes en el Palacio de Navarra a los responsables comerciales de la embajada de Canadá, de visita en la Comunidad Foral para informar sobre las oportunidades de negocio que el acuerdo comercial y económico Unión Europea-Canadá abre para los sectores navarros de energías renovables y agropecuario.
Mikel Irujo, Nadia Rego, Manu Ayerdi y Deric Dubien.
Mikel Irujo, Nadia Rego, Manu Ayerdi y Deric Dubien.
EP/GOBIERNO DE NAVARRA
Mikel Irujo, Nadia Rego, Manu Ayerdi y Deric Dubien.

El acuerdo económico (2015), pendiente de ratificación por los estados miembros, elimina derechos de aduana para los ámbitos agrario y alimentario. Asimismo, el sector de renovables se encuentra ahora mismo en expansión en Canadá.

Deric Dubien, consejero comercial, y Nadia Rego, agregada comercial, han respondido a una invitación cursada por el delegado del Gobierno foral en Bruselas, Mikel Irujo.

La jornada incluye una reunión con Pilar Irigoien, gerente de la sociedad pública para el desarrollo de Navarra Sodena; y visitas guiadas a las instalaciones de centro de energías renovables Cener, de la mano del director general Pablo Ayesa, y al Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores de Sangüesa. Por la tarde tendrá lugar una conferencia sobre el acuerdo económico UE-Canadá en la sede de Cámara de Comercio de Pamplona, a las 17 horas.

Según la Comisión Europea, el acuerdo con Canadá "ofrecerá a las empresas de la UE más y mejores oportunidades en Canadá y contribuirá al empleo en Europa".

Eliminará los derechos de aduanas y las restricciones del acceso a los contratos públicos; abrirá el mercado de servicios canadiense a las empresas europeas; ofrecerá condiciones previsibles a los inversores; y contribuirá a prevenir la reproducción ilegal de las innovaciones y los productos tradicionales de la UE. Otras medidas son la racionalización del comercio de servicios; fomento y protección de las inversiones; mediación para afrontar posibles conflictos.

El acuerdo incluye garantías para que el beneficio económico no vaya en detrimento de la democracia, el medio ambiente o la salud y seguridad de los consumidores, según la Comisión.

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