La Fiscalía pide seis años de cárcel para el constructor granadino José Ávila Rojas como responsable de la empresa promotora de un edificio de Santa Fe (Granada), en cuyas obras, carentes de medidas de seguridad, murió en 2004 un trabajador al caer desde un andamio que presentaba "serias deficiencias".

En su escrito de acusación, facilitado hoy, el Ministerio Público atribuye al promotor la presunta autoría de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte y otro contra el derecho de los trabajadores, de los que también acusa a otras cuatro personas.

Una de ellas es M.G.B., el representante legal de la subcontrata a la que la promotora de Ávila Rojas encargó las labores de albañilería en las que se empleaba el obrero fallecido.

El fiscal solicita también para él seis años de cárcel por los mismos delitos, así como una multa de 12.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante cinco años, peticiones de condena éstas dos que también hace extensibles a Ávila Rojas.

Los otros tres acusados, para quienes el fiscal pide cuatro años de cárcel por los mismos delitos, multa de 3.600 euros e inhabilitación por tres años, son M.A.M.C. y J.A.S. -arquitectos técnicos contratados por la empresa promotora (Naviro 2000)- y J.R.A. -encargado de la obra y contratado por la subcontrata-.

Los hechos se remontan al 11 de febrero de 2004, cuando la víctima, Francisco J.M., perdió el equilibrio sobre el andamio en el que se encontraba, a unos 10,5 metros de altura, y cayó al vacío, lo que le causó politraumatismos y la muerte inmediata.

Según el fiscal, Ávila Rojas conocía desde el 16 de julio de 2003 las "irregularidades" en materia de seguridad y salud existentes en el centro de trabajo del que era titular, condiciones que evidenciaban "una falta de coordinación" en la materia y que dieron lugar a la apertura de un acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo que conllevó la paralización de las obras.

"A pesar de conocer estas circunstancias y consciente del peligro existente para los trabajadores", agrega la Fiscalía, el promotor no designó coordinador de seguridad y salud ni aprobó el Plan de Seguridad presentado por la subcontrata -Construcciones Granadinas Otecar-, "hasta un día después del fallecimiento" del trabajador.

Esas labores, precisa, fueron asumidas por los arquitectos técnicos integrantes de la dirección facultativa de las obras, también acusados, mientras que las tareas de vigilancia de las medidas de seguridad y salud las realizaba, por encargo de la empresa contratista, el cuarto acusado (encargado de la obra).

El fiscal relata en su escrito las "serias deficiencias" del andamio desde el que cayó el obrero, como ausencia de barandillas, dimensiones no correspondientes a las exigidas o mala conservación.

Dice no constarle que la promotora llevara a cabo un reconocimiento reglamentario del andamio ni que el trabajador fallecido hubiera recibido formación preventiva, entre otras cosas.

El fiscal considera que todos los acusados, cada uno en su ámbito, infringieron sus obligaciones respecto a la adopción de medidas de protección colectiva y no facilitaron medidas de seguridad, lo que causó "directamente" el accidente mortal.

La familia de la víctima renunció a ejercer acciones penales y civiles tras llegar a un acuerdo económico que fijaba la indemnización en 180.000 euros, según el Ministerio Público.

El promotor granadino Ávila Rojas está actualmente imputado en el caso Malaya contra la corrupción inmobiliaria en la Costa del Sol por la presunta autoría de un delito de cohecho, si bien quedó en libertad tras pagar una fianza de 500.000 euros.