El que fuera miembro de la mesa de contratación que se encargó de la adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes y exjefe del servicio jurídico de la Conselleria de Bienestar Social Vicente Talens ha asegurado que eran "como la joya de la corona" y "todo eran prisas" para que se tramitaran las adjudicaciones.

Así lo ha manifestado Talens en la comisión de las Corts en la que se investiga el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figuran Lubasa o Sedesa -propiedad de la familia del exconseller Juan Cotino-, además del empresario Enrique Ortiz.

El funcionario, ahora en otro departamento, ha destacado que los trabajadores implicados en este proceso de adjudicación no estaban "cómodos" porque "las cosas iban demasiado deprisa". Como ejemplo, ha señalado que la Conselleria les pidió que elaboraran un informe sobre el pliego de condiciones para el concurso en un día y, en este sentido, ha manifestado: "Si te piden que lo hagas con urgencia lo haces rápidamente y no ves defectos que, de forma sosegada, sí verías".

En cuanto a si recibieron "presiones", ha comentado que no las hubo sino que "se fue más sibilino", ya que si los responsables de la Conselleria no estaban a gusto con estos funcionarios o al revés, dejaban ese cargo.

Durante su intervención, Talens también se ha referido a la ampliación de plazas de este tipo que llevó a cabo Bienestar Social, donde ha explicado: "Si lo normal era hacer un contrato con un tercio de las plazas para la Generalitat y teniendo en cuenta el volumen del contrato, lo normal es que se ampliaran las plazas pero no un cien por cien. Y más en las fechas en las que ocurrió, en 2001 todos éramos ricos pero en 2007 todos empezábamos a ser pobres. Es raro".

La primera en comparecer este lunes ha sido la exjefe del Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Generalitat Valenciana María José Cervera, que ha explicado que los criterios de valoración para la adjudicación de los contratos "los fijan los órganos de carácter directivo" y ha añadido que el conseller correspondiente, que en 2001 era Rafael Blasco y que aprobó un contrato valorado en 500 millones de euros para construir 73 residencias para mayores y dependientes con 9.000 plazas, "es el que suscribe el pliego".

A preguntas de los diputados que forman la comisión, la funcionaria del servicio de Contratación ha señalado que el pliego de contratación le "vino dado" a los técnicos que se encargaban de la evaluación de las ofertas presentadas y ha indicado que les llegó "el acuerdo del Consell" para la tramitación de esta operación y únicamente lo tramitaron.

Sobre la composición de la mesa de contratación, compuesta por un presidente, un vicepresidente, representantes de las Consellerias implicadas y vocales, ha asegurado que "fue firmada por el conseller" y ha defendido que "había personas especializadas en la materia". Ella hizo las funciones de secretaria, que "tiene voz pero no vota", según ha dicho.

La diputada 'popular' María Bernal le ha preguntado si considera que existió "algún trato de favor" en el proceso de adjudicación de estos contratos, sobre lo que ha afirmado que la mesa de contratación actuó "con total imparcialidad". Inquirida por el proceso de adjudicación de estos contratos, ha explicado que "se presentaron 19 licitadores, de los cuales 13 resultaron adjudicatarios" y el proceso se llevó a cabo "como en todas las mesas de contratación".

"EXPEDIENTE MUY COMPLEJO"

Los diputados han preguntado también a la compareciente por la "celeridad" en la tramitación de estos contratos, algo que ha confirmado, y ha añadido que se trataba de un "expediente propuesto por el Consell, muy complejo y muy importante para la Conselleria de Bienestar Social" y no era "sencillo" debido a que era "una especie de colaboración público-privada" y por estas razones, ha señalado que se le dio la categoría de "especial".

También han planteado cuestiones los diputados sobre el plazo de 30 días que se otorgó a las licitadoras para que presentaran toda la documentación de sus ofertas, y la exjefa de Contratación ha sostenido que "el plazo era inferior para ese tipo de contratos".

En cuanto a la escasa diferencia económica entre las ofertas de los licitadores y si esta circunstancia le "extrañó", ha dicho que "las ofertas no eran muy diferentes en precio porque no se valoraba con muchos puntos la parte económica, así que imagino que no harían una oferta muy importante si no les daba apenas puntos".

Inquirida sobre si comentó con sus compañeros de trabajo las coincidencias en el precio fijado, ha dicho que no lo recuerda y ha opinado que "el precio cuando se trata de un servicio público que es para las personas no debe ser lo más importante".

"LO HICIMOS EN LIBERTAD"

La siguiente en comparecer ante la comisión ha sido la que fue miembro de la mesa de contratación que participó en estas adjudicaciones Carmen Olmos, que también se ha referido a los 30 días de plazo que se dieron a las licitadoras y ha indicado que "en cantidad de concursos, las empresas son capaces de presentar los documentos en 30 días".

En cuanto a si la propuesta de la mesa de contratación fue modificada posteriormente por el órgano de contratación, ha afirmado no tener "ni idea". Asimismo, cuestionada sobre si los miembros de la mesa recibieron indicaciones de cargos superiores, ha destacado: "Rotundamente no sufrimos ninguna indicación de ningún superior. Yo no lo hubiera consentido, lo hicimos con libertad".

Además, ha defendido que la mesa de contratación no pretendió "favorecer a nadie", que hizo sus valoraciones y baremaciones "con la mayor objetividad posible y la mayor tranquilidad". "La mesa no favoreció a nadie", ha subrayado.

DE VILLENA A GANDIA

El último trabajador público en declarar este lunes, Vicente Talens, ha explicado que hubo "intentos" para cambiar la localización de algunas de las residencias que se iban a contruiir. Concretamente, ha señalado que en una ocasión la empresa adjudicataria propuso una modificación de Concentaina a Alcoy (Alicante), que desconoce si se dio el visto bueno, y otro desde la localidad alicantina de Villena a la valenciana de Gandia. Sobre esta última, emitió un informe desfavorable debido a la distancia entre ambos municipios y a que la primera "podía tener necesidades distintas" a las de la segunda, según ha sostenido.

Sobre la coincidencia de precios de las ofertas presentadas, ha dicho que "puede que se debiera a que el precio de salida estaba muy ajustado", y ha añadido que no sabe "si podía obedecer a otras razones". "Me intentaron cesar porque parecer ser que no hacía falta un jefe de servicio jurídico en la Conselleria de Bienestar Social. Salí de esa Conselleria y 'una y no más santo Tomás', no quería saber más de las residencias", ha finalizado.