El PSOE ha presentado en la Asamblea Regional una moción para su debate en Pleno sobre la instrucción de cláusulas sociales en la contratación pública. Y es que, exponen, "en la Región numerosos problemas de índole social atenazan y hacen vivir en condiciones de vulnerabilidad a muchas personas".

Así considera que desde el sector público y mediante los procedimientos de contratación que tengan como objeto adquirir productos, ejecutar obras o prestar servicios, "en el marco de una contratación pública sostenible", pueden establecerse cláusulas que tengan por objeto el respeto a los derechos laborables básicos, la promoción del empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo y combatir el paro".

También, continúa la moción, por "facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, la protección del medioambiente, la promoción de sistemas de producción respetuosos con el entorno y el impulso de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

"Los poderes públicos deben asumir el compromiso de no considerar el proceso de contratación como un fin en sí mismo, sino también como la posibilidad de un cumplimiento efectivo de políticas públicas para conseguir objetivos sociales y ambientales, lo que también está en consonancia con una correcta canalización de los fondos públicos", indica el Grupo Parlamentario Socialista.

Y añade que "las iniciativas desde la actuación pública también contribuye a conformar un marco de mayor responsabilidad social colectiva, de modo que las empresas introduzcan en sus actividades consideraciones sociales y ambientales".

De tal forma, según se desprende de la moción recogida por Europa Press, el diputado socialista Antonio Guillamón insta al Consejo de Gobierno a elaborar la instrucción correspondiente para el establecimiento de pautas comunes para la incorporación de cláusulas de carácter social y medioambiental en las diferentes fases de los procedimientos de contratación en el ámbito de la Administración de la Comunidad, sus organismos públicos y demás entidades del sector público autonómico.

Así como aplicarlo sin menoscabo de los principios de publicidad, transparencia, igualdad de trato y concurrencia, así como a los de eficacia y eficiencia que rigen la ejecución del gasto público.

Además de evaluar periódicamente el cumplimiento de la instrucción que se proponga, en los aspectos relacionados con su ámbito competencial, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de contratación para la ejecución de los contratos.