El Ejecutivo autonómico cobraría el vertido de estos residuos a 85,19 euros por tonelada, el mismo precio que abonan todos los ayuntamientos cántabros, lo que supondría un beneficio neto para las arcas regionales de más de 9,3 millones (9.301.334 euros) durante esos 18 meses.

A ello se sumarían los 3 millones de rentabilidad obtenidos durante los tres meses que se han depositado las basuras de Guipúzcoa en Cantabria, proceso que comenzó el pasado 8 de febrero.

La solicitud del Consorcio al Gobierno PRC-PSOE de seguir vertiendo sus residuos en Meruelo se registró el pasado miércoles 27 de abril, y los detalles de la misma han sido desgranados esta tarde en rueda de prensa por la vicepresidenta cántabra y consejera de Medio Ambiente.

Eva Díaz Tezanos ha apuntado que de llevarse a cabo esta prórroga -solicitada a partir del 8 de mayo y que deberá ser acordada en el Parlamento regional-, el Gobierno autonómico percibiría, en total, por los dos convenios, cerca de 13 millones de euros (12.807.000 euros).

(Habrá ampliación)