Esta información es necesaria para la gestión del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que desde 2016 gestiona directamente el Gobierno de Aragón y que sustituye al anterior canon de saneamiento, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

En el auto, el TSJA diferencia entre este recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el proceso que el mismo consistorio ha iniciado ante el Tribunal Constitucional, que se refiere a una cuestión relativa a la autonomía local. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad precisa que se dilucidan cuestiones diferentes y el primero no se puede justificar con la acción ante el Constitucional.

En el caso del recurso presentado a la orden de los consejeros de Hacienda y Desarrollo Rural, el tribunal sostiene que el Ayuntamiento de Zaragoza "no expresa, ni acredita los concretos perjuicios que se le generan con la inmediata ejecución de la orden".

ESCASA RELEVANCIA

El TSJA señala que "teniendo en cuenta la escasa relevancia de los perjuicios derivados de la ejecución, en relación con la necesidad de gestionar y aplicar el tributo de que se trata, debe resolverse a favor de la mayor relevancia de los intereses de la hacienda pública autonómica".

Al respecto, argumenta que la suspensión de la orden "comportaría una correlativa suspensión de gestión del Impuesto sobre Contaminación de las Aguas al no disponer de la información necesaria para su aplicación".

El Gobierno de Aragón ha manifestado al respecto que el TSJA considera "que es mayor" el daño que generaría la suspensión "que el pretendido perjuicio, que en ningún caso derivaría de la orden recurrida, que se limita a regular la transferencia de datos de las entidades locales a la Hacienda autonómica".

Por todo esto, la resolución del TSJA indica que "no es posible apreciar la existencia de los requisitos necesarios para estimar la medida cautelar de suspensión de la orden de inicial referencia". El Gobierno ha recordado que el mismo tribunal ya rechazó la medida cautelar provisionalísima que también había sido solicitada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

BONIFICACIÓN DEL 70%

El Ejecutivo autonómico ha aclarado que el ICA se ha comenzado a repercutir a la ciudad de Zaragoza desde el 1 de enero de este año, si bien para que sus habitantes paguen lo mismo que el resto de los aragoneses y pueda seguir manteniéndose la tasa municipal, dado que el Ayuntamiento asume la gestión en la explotación de sus instalaciones de depuración, se ha establecido una bonificación en la cuantía que alcanza el 70 por ciento de la cuota.

Igualmente, la Comunidad ha recordado que este impuesto, antes denominado canon de saneamiento, se empezó a aplicar de manera efectiva en Aragón en 2002, si bien hasta 2014 no se produjo la generalización a todos los municipios de Aragón, con la salvedad de Zaragoza.

En este último caso, se contempló una situación específica para reconocer el esfuerzo inversor realizado por este en la depuración de aguas residuales ya que había construido y asumido los gastos de explotación de sus infraestructuras de depuración.

En 2012, el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de Zaragoza declararon compensadas todas las actuaciones de saneamiento y depuración realizadas por el consistorio de la capital aragonesa y acordaron empezar a repercutir el pago del ICA el 1 de enero de 2016.

El Ejecutivo ha detallado que desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2015 se han recaudado en concepto de ICA unos 365 millones de euros. De haberse aplicado en el municipio de Zaragoza desde el 1 de enero de 2002, se habrían recaudado unos 444 millones de euros.