En concreto la Junta aprobó esta Estrategia y la ha sometido a información pública a través del portal de Gobierno Abierto, una vez superado este trámite hoy se pone en marcha con su publicación en el Bocyl.

La Estrategia Lucha contra el Fraude tiene como objetivo básico incrementar el grado de cumplimiento tributario por parte de los ciudadanos de Castilla y León respecto de los tributos gestionados

por la Administración autonómica. Así, para alcanzar este fin común el documento engloba dos grandes líneas de actuación, por una parte el incentivo al cumplimiento voluntario y, por otra, la persecución y regularización de las actuaciones infractoras.

"La mejor forma de luchar contra el fraude fiscal es evitar que éste ocurra", establece el documento, de este modo la Estrategia aboga por mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones

tributarias ante la Administración de la Comunidad.

De este modo, la Estrategia incluye como principales líneas de acción el establecimiento de una política de denuncia de irregularidades que incluya un procedimiento para tratarlas, así como el fortalecimiento de la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales competentes, en particular en lo que se refiere al intercambio de conocimientos sobre las modalidades de fraude.

A través del impulso de la lucha contra el fraude se incluye el refuerzo de la legislación y las directrices metodológicas, la sensibilización de la opinión pública, el desarrollo de la capacidad de las herramientas de extracción de datos y calificación de riesgos para ayudar a identificar los factores de riesgo a nivel de

proyectos individuales.

Asimismo, la Junta prevé reforzar la integridad y la lucha contra los conflictos de intereses en la gestión de subvenciones y elaborará un manual para los funcionarios encargados de la gestión que

les oriente sobre su papel en la lucha contra las irregularidades, el fraude y la corrupción en el ámbito de la gestión y el control de las subvenciones.

Hacienda prevé además la creación de líneas telefónicas directas nacionales o regionales para que las personas comuniquen sus sospechas, al tiempo que se llevarán a cabo más controles sobre el terreno de los proyectos.

Finalmente, el documento también prevé establecer sanciones específicas por irregularidades ocasionadas por negligencia.

La Junta ha concebido la estrategia regional de lucha contra el fraude como

un documento abierto que se adapte y se actualice de forma continua para tener en cuenta tanto los principales cambios estructurales como los organizativos que puedan producirse y las tendencias observadas en las modalidades de fraude.

Por lo tanto se llevará a cabo una evaluación periódica que garantice que las acciones emprendidas van por el buen camino y los objetivos van a conseguirse a su debido tiempo. Así, debe elaborarse un informe anual para hacer balance de los progresos realizados.