La Mesa de Negociación se reunirá cuando se certifique la "suficiencia financiera" para pagar el resto de la extra

  • SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, reunirá la Mesa General de Negociación de la Administración Autonómica en cuanto la Consejería de Economía y Hacienda emita el certificado de "suficiencia financiera" para comprometer el abono pendiente de la paga extraordinaria (unos 18,5 millones de euros) antes del 30 de septiembre.

Está previsto que dicha certificación esté disponible "a más tardar el lunes, 2 de mayo", por lo que será entonces cuando proceda a la convocatoria de la Mesa de Negociación, en la que están representados los sindicatos.

Así lo ha anunciado el consejero este jueves a los sindicatos, a los que ha avanzado la decisión del Gobierno de completar dicho pago "como muy tarde" en el tercer trimestre de 2016 y realizar un primer desembolso antes del 30 de junio.

Esta decisión fue adoptada por el Consejo de Gobierno la semana pasada, para garantizar no sólo el abono de la cantidad adeudada, sino también la realización del pago a todos los empleados públicos "en la misma fecha y en la misma forma", sin actuar cada consejería en función de sus disponibilidades presupuestarias.

El consejero de Presidencia ha destacado el "esfuerzo" del Ejecutivo PRC-PSOE, que ya realizó en 2015 un primer abono de la extra "impagada por el PP" en 2012, para afrontar el 49,73 por ciento restante, por importe de 18,5 millones euros, en el actual contexto económico.

Un contexto que, ha señalado, está "condicionado por la publicación de las cifras de déficit, la exigencia del Ministerio de Economía y Hacienda de proceder a la aprobación de un Plan Financiero y la retención del Fondo de Liquidez Autonómico hasta la realización de dicho plan".

De hecho, el cumplimiento de este compromiso es la razón del acuerdo adoptado el pasado 21 de abril por el Consejo de Gobierno para requerir a Economía y Hacienda la emisión del certificado de suficiencia financiera que permita comprometer el abono pendiente a todos los empleados públicos, adoptando para ello las medidas que sean necesarias, incluida la no disponibilidad de créditos.

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