Así lo ha anunciado este jueves el portavoz de la diputación cacereña, Fernando García Nicolás, que ha añadido que para conseguir el objetivo "será imprescindible la colaboración de los ayuntamientos", ya que los procesos serán llevados a cabo por los Servicios Sociales de Base (SSB) de los mismos y requerirán de la autorización de los interesados.

El protocolo consistirá en que en aquellos casos en los que la autoridad judicial observe una situación de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de desahucio, determine la conveniencia de intervención, lo comunique a los SSB y estos lo trasladen al organismo competente.

Con la previa realización de las comprobaciones que se consideren, la Administración autonómica o local, podrá adoptar la decisión oportuna y, en su caso, si cumplen con los requisitos, se incluirán en los programas de vivienda social gestionados por la comunidad autónoma.