No obstante desde el departamento autonómico han recordado que se trata de una propuesta de inicio que todavía se abordará en la próxima Conferencia Sectorial de Educación, por lo que la consellería "todavía tiene que estudiarla y analizarla.

"En todo caso nos parece que está en el buen camino y que este es un paso positivo avalado por el consenso entre el Ministerio y la CRUE", ha añadido. En este sentido y "una vez avanzado" este acuerdo inicial, ha asegurado que la Xunta trabajará junto con el Sistema Universitario Galego (SUG) en el planteamiento "más favorable" para el alumnado de Galicia.

En junio de 2017, unos 400.000 alumnos se someterán a esta evaluación, que el próximo curso no servirá para obtener todavía el titulo de Bachillerato pero sí para entrar en la universidad

Esta propuesta fue presentada este miércoles por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de CRUE-Universidades Españolas. La prueba sería "muy similar" a la actual Selectividad, valdrá para acceder a cualquier universidad española y finalmente no constará de preguntas tipo test, como el Gobierno había planteado en un primer borrador.

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Los alumnos se examinarán de ocho materias: las cinco troncales, dos opcionales y una de las específicas, a elección, en los dos últimos casos, de los estudiantes. La nota final constará en un 60% del resultado de la evaluación y en un 40% del expediente de Bachillerato, como ocurre en la actualidad, y la puntuación máxima seguirá siendo de 14. Asimismo, previsiblemente se ponderarán varias materias en función de lo que se quiera estudiar, algo que no se hace en esta selectividad.

Las Comisiones de Evaluación de las comunidades autónomas -integradas por la administración, las universidades y los docentes de Bachillerato- seguirán siendo las encargadas de realizar esta evaluación final, tanto en la aplicación de las pruebas, incluyendo su elaboración, como en la fijación de los tribunales, fechas, lugares de realización y reclamaciones. Las pruebas serán aplicadas por profesores del sistema público.

La ley permite a las universidades realizar sus propias pruebas de acceso, algo que el decreto que prepara no lo puede impedir, aunque el presidente de la CRUE ha confiado el miércoles en que el próximo 19 de mayo los rectores acuerden en la Asamblea General no poner en marcha estos accesos específicos, algo que, según ha dicho, comparte "la inmensa mayoría de las universidades".