El que era entonces director de Asistencia Sanitaria del Sergas y la subdirectora xeral de Farmacia han aparecido, junto a su abogado, poco antes de las 9,10 horas de este jueves y no han querido hacer declaraciones a su entrada.

Ambos cargos están citados para las 10,00 horas por el magistrado Andrés Lago para declarar en calidad de imputados por la concesión de tratamientos a pacientes afectados por la hepatitis C, un procedimiento abierto tras una querella presentada por la Fiscalía a raíz de una denuncia de la Asociación Batas Blancas que alertaba de "retrasos injustificados" en la administración de fármacos a estos pacientes.

El juez decidió abrir inicialmente diligencias solo por prevaricación administrativa, aunque la Fiscalía en su querella les atribuyó también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave", al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias".

Tras la decisión del juez de abrir diligencias, ésta se convierte en la primera causa penal que se abre en España contra una Administración pública -en este caso el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo- en relación a la prescripción de medicamentos para pacientes con hepatitis C, si bien las denuncias de afectados habían sido reiteradas.