Así, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) ha considerado que el arreglo escolar es "un recorte directo en las libertades y derechos de las familias y alumnos valencianos y de los titulares de los centros y puede suponer una seria amenaza para el puesto de trabajo o las condiciones laborales de muchos profesionales".

Para este colectivo, la forma en que se ha tramitado el arreglo refleja que "no se ha cumplido el compromiso del conseller de Educación, Vicent Marzà, de realizar en este año un proceso conjunto, dado que primero, hace ya unas semanas, se realizó el arreglo escolar de los centros públicos y después se está realizando el recorte de unidades concertadas". "Ni el proceso ha sido conjunto, ni el trato ha sido igual", lamentan.

En este sentido, argumentan, en un comunicado, que el arreglo de la pública ha pasado por los Consejos Escolares Municipales -por ejemplo el de Valencia en la sesión de fecha 5 de abril pasado-. En esa sesión, todas las alegaciones presentadas por los propios centros o las asociaciones de padres de alumnos fueron votadas favorablemente por todos los miembros del Consejo, sector concertado incluido, excepto por el representante de la Administración Autonómica, en lógica coherencia dado que eran los autores de la propuesta.

Sin embargo, al arreglo de la concertada "se le hurta directamente la posibilidad de que sus alegaciones puedan recibir el apoyo y aval que sí han recibido, por el contrario, las alegaciones efectuadas por los afectados del sector público".

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Fcapa ofrece a todas las asociaciones de padres de alumnos de los centros afectados "el asesoramiento legal y jurídico que puedan precisar, en uso de todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance, junto con el apoyo y solidaridad de todas sus familias asociadas".

Agrega que los titulares de los centros, sindicatos y ampas "están trabajando, tanto individualmente, en función de su capacidad legal y las competencias de cada entidad en su respectivo sector, como colectivamente en la Mesa por la Educación en Libertad, para dar las mejores y más contundentes respuestas ante esta gravísima situación".

Por su parte, Escuelas Católicas ha informado de que el colegio Jesús-María Fuensanta de Valencia perderá dos unidades en Primaria y el Claret tendrá una menos en Infantil y otra quedará suprimida en Primaria, con lo que "se verá abocado a juntar a niños de 3, 4 y 5 años en la misma clase con las diferencias madurativas que tienen los pequeños a esa edad", advierte.

Desde estos centros destacan "su labor como escuela inclusiva y su forma de trabajar ante un alumnado tan diverso lo que hace complicado poder mantener la ratio habitual que presentan otros centros escolares si se busca dar una enseñanza de calidad".

"Entre nuestros alumnos tenemos de 23 nacionalidades diferentes", apunta Matilde Desantes, directora General del Jesús-María. "Son 150 horas menos, con 6 profesores menos, mismo número de alumnos y para darles la misma calidad de enseñanza con respecto a lo que teníamos hace dos años", agrega, por su parte, Armando Valiente, docente de Secundaria del mismo centro.

INVITACIÓN A MARZÀ

Realizan "una invitación clara" al conseller de Educación para que visite los centros e instan a "que lo haga en horario escolar para que pueda entrar en las aulas".

También la Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, que actualmente integra a un total de 68 centros escolares dependientes del Arzobispado de Valencia, ha expresado la "inquietud, malestar y preocupación" de estos colegios por la supresión prevista de aulas en la enseñanza privada concertada decidida por la Conselleria de Educación.

Según el gerente de la Fundación, Miguel Ángel Coello, se trata de un "sentir general de malestar en el sector de la enseñanza concertada" ya que la propuesta de reducción de unidades concertadas "es muy elevada para los colegios concertados".

Concretamente, en el caso de los colegios diocesanos, son 9 los centros a los que se les propone reducción de unidades. "Nos preocupa no tanto el hecho de suprimir unidades allí donde, por circunstancias, no hubiera alumnos, sino los criterios por los cuales se propone reducir", ha expresado.

Así, "muchas de las propuestas" para eliminar aulas es en colegios en los que "por circunstancias un curso se ha producido una pequeña disminución de alumnos y se considera que ese descenso se va a producir para siempre".

Según el gerente, "lo que no tiene sentido es que se creen unidades en la pública cuando realmente lo que se está buscando es un trasvase de alumnos de la enseñanza privada concertada a la enseñanza pública, totalmente en contra del texto constitucional".

Los colegios diocesanos afectados por la supresión de aulas decidida por el Consell son el Colegio Claret, de Xàtiva; San Antonio de Padua, de Catarroja; San Juan Bosco, de Valencia; El Salvador, de Alcoi; Sagrado Corazón de Jesús, de Chella; "La Baronia", de Gilet; San Antonio Abad, de Canals; Nuestra Señora del Socorro, de Benetússer; y Juan XXIII, de Burjassot.