En un auto fechado el día 26 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez María de los Reyes Flores Canales asevera que "no puede estimarse" que "concurran indicios suficientes" para considerar que ambos hubieran incurrido en delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

"La revisión jurisdiccional de actuaciones administrativas para determinar si se ajustan o no a Derecho corresponde de manera prioritaria a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la especializada en el conocimiento de la aplicación de las normas administrativas", argumenta.

En este sentido, la instructora rechaza practicar una serie de diligencias solicitadas por los denunciantes porque "implicarían una innecesaria dilación del procedimiento y con ello de efecto mediático respecto a los investigados, dada la trascendencia social en relación al cargo ostentado".

Tanto Julio Coca como Antonio González Marín comparecieron como investigados ante la juez el pasado 25 de febrero y solicitaron el archivo de la denuncia porque los hechos que les atribuyen "no son ciertos" y actuaron "conforme a Derecho" y "velando por los intereses de los trabajadores".

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