El demandante, que fue cesado de su puesto en junio de 2015, ha solicitado ante el juez la declaración de despido nulo o, subsidiariamente la improcedencia del mismo, al considerar que su despido es "discriminatorio" y "vulnera los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva" ya que, más allá de los motivos disciplinarios que contempla la mercantil, apunta que el origen de su despido reside en la actividad "en defensa de los trabajadores" que ha ejercido.

"Se me vigila constantemente, tratando de encontrar algún error que imputarme y vengo siendo objeto de una campaña de descrédito, persecución y acoso por parte de la empresa", señala en su escrito, consultado por Europa Press, el demandante, quien asegura que durante su última etapa de trabajo se le han impuesto faltas disciplinarias que posteriormente han sido retiradas al "carecer del más mínimo fundamento".

El empleado mantuvo una dilatada actividad como representante sindical hasta mayo de 2012, esto es, hasta dos años y siete meses después de que la Policía Judicial interviniera el Consistorio ejidense y las oficinas de la empresa mixta para la intervención de documentación y la práctica de arrestos, entre ellos los de varios empresarios, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso (PAL) y el supuesto 'cerebro' de la trama, José Alemán. El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería que lleva la causa levantó el secreto sobre las actuaciones en enero de 2011.

En esta línea, el extrabajador considera que se ha visto "envuelto en situaciones que han tenido una enorme trascendencia para la empresa y la propia ciudad de El Ejido" por lo que en los últimos años se ha convertido "en una persona muy incómoda para la empresa".

Por su parte, la compañía alega en su carta de despido que se ha producido una "disminución continuada y evidente de su rendimiento" puesto que, según apunta la empresa mixta, durante los primeros cinco meses de 2015 se le encargaron una serie de trabajos que "no han sido realizados" o se han hecho "en un periodo excesivo de tiempo".

De igual forma, la empresa afirma que se ha demorado en sus actividades dentro su horario de trabajo, por lo que concluye que se ha producido una "disminución continuada y voluntaria de su rendimiento" y una "clara transgresión de la buena fe contractual así como de un fraude a la empresa", de modo que procedió a su "despido disciplinario" por "falta laboral muy grave".