Puentedura ha calificado la medida de "absolutamente insuficiente", así como de "maquillaje y pura fachada", anunciando que presentará alegaciones "para garantizar que haya plenas garantías jurídicas en las sanciones que se interpongan", que han de tener "un procedimiento administrativo, con un plazo adecuado, posibilidad de alegación por parte del usuario y carta de pago oficial del Ayuntamiento de Granada".

Asimismo, también presentará alegaciones encaminadas a la eliminación del procedimiento, a su juicio abusivo, de interposición de sanciones a usuarios de la LAC.

El edil ha explicado que la situación de inseguridad jurídica viene de que el "hasta ahora equipo de gobierno confunde el recargo con la sanción".

Según explica, un recargo se produce cuando un usuario no ha "picado" o validado su tarjeta de transporte, fruto de lo cual se le profiere una penalización, "mientras que la sanción requiere de un proceso administrativo y de la capacidad potestativa o autoridad que tiene un funcionario para poder imponerla".

Cuando un viajero no ha validado el billete, se le impone un recargo de 40 euros, ahora 20, es decir, del 2.000 por ciento del coste del billete, lo que IU ve "exagerado" y califica de "sanción encubierta" y "abuso de poder".

Sostiene además que "la mayoría de los billetes que no se validan correctamente es por mal funcionamiento del sistema".