El Tribunal Supremo admite a trámite la querella presentada contra Victoria Rosell, diputada de Podemos, por retrasar de manera "evidente e inexplicable" la investigación a un empresario que tenía negocios con su novio cuando esta se encontraba al frente del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Los delitos por los que se admite a trámite la querella son retardo malicioso, prevaricación y cohecho, mientras que se rechazan las acusaciones por injurias y calumnias. La demanda fue presentada por el exministro del PP Jose Manuel Soria, que dimitió hace dos semanas tras aparecer en los 'papeles de Panamá'.

El empresario en cuestión es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Según la querella, que ha sido admitida a trámite, Victoria Rosell no resolvió en dos años peticiones de finaza, recursos del fiscal ni dio traslado a las partes de informes policiales.

Según la acusación, ese mal proceder judicial encontraba su razon de ser en que el periodista Carlos Sosa, pareja de la diputada de Podemos, negociaba por aquel entonces la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros. La entonces juez (ahora en excedencia) debió haberse abstenido del asunto por falta de imparcialidad al tener intereses personales en el caso, según la querella.

Estas sospechas han sido apoyadas por el juez que la ha sustituido en su juzgado, lo que a su vez ha sido aprovechado por Soria para ampliar su querella, admitida ahora por el Supremo. La fiscalía consideró que Soria no estaba legitimado para acusar por el retraso y la falta de imparcialidad a Rosell.

Entonces el exministro cambió de abogado (optó por el fiscal del Estado Eligio Hernández), se personó en calidad de acusación popular y amplió la querella, tomando como base el escrito del juez que la ha sustituido.

Ahora el Supremo ha admitido a trámite esa querella y previsiblemente volverá a preguntar al fiscal, que ya se pronunció en contra de la segunda parte de las acusaciones de Soria contra Rosell, por injurias y calumnias, que no han sido admitidas a trámite.

La investigación se centrará en si "la demora" en la tramitación de la causa que estuvo en manos de Rosell "estaba relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales" entre su pareja y el empresario implicado, es decir, si Rosell prevaricó para "enriquecer a su pareja".

El supuesto retraso en la causa en la que pudo tener intereses personales Rosell ya fue denunciado por fiscales de Las Palmas de Gran Canaria y derivó en diligencias disciplinarias en el Consejo General del Poder Judicial, que las archivó. Los archivos de esas diligencias son los que ha pedido el Supremo.

El alto tribunal podría citar a la diputada para que, si voluntariamente lo decide, comparezca ante el Supremo como investigada para tener la oportunidad de explicarse antes de que el instructor, el magistrado Juan Ramón Verdugo, proponga pedir el suplicatorio para actuar contra ella o archivar definitivamente el asunto.